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Fiscalía en sucre judicializa a dos hombres presuntamente responsables de portar armas ilegalmente

por Redacción BL
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En la imagen aparecen dos hombres de pie, uno con la cabeza agachada vestido de buzo amarillo y jean azul y el otro de camiseta roja con bermuda de jean azul, custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una mesa con las armas incautadas.

Un fiscal Especializado adscrito a la Seccional Sucre, judicializó a Eduardo José Escobar, alias Veneco o Chamo y a Luis Eduardo Rivera Hernández, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico o porte de arma de fuego o municiones. Ninguno aceptó los cargos.

Los procesados fueron capturados en un allanamiento en el barrio Altos de la Sabana de Sincelejo.

Los hechos materia de investigación se registraron el pasado 10 de enero, en un allanamiento realizado a una residencia del barrio Altos de la Sabana de Sincelejo (Sucre), donde los hoy procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional.

Durante el operativo les fueron incautados una pistola, un revólver, un celular y panfletos alusivos al grupo delincuencial Los Norteños.

En el desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantías envió a la cárcel a Eduardo José Escobar, mientras que A Rivera Hernández, se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento, pero continúa vinculado a la investigación.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

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MEVA/FAGH/AR/FSJ/DSS

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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