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Fiscalía logra condena por amenazas de muerte en contra de líderes sindicalistas de Santander

por Redacción BL
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En la foto se aprecia al hoy condenado siendo custodiado por un miembro de la Policía Nacional.

Alias Carramán deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión.

Las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para demostrar la responsabilidad de Jaime Ardila Mejía, alias Carramán, en las amenazas de muerte que recibieron varios integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos de Santander (Sintrainal).

Un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo de Amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que el 18 de marzo del año en curso, alias Carramán se acercó a siete directivos y agremiados de Sintrainal que participaban en un jornada de protesta en vía pública de Bucaramanga; y lanzó varias frases intimidatorias en contra de su vida y la actividad social que realizaban.

Jaime Ardila Mejía, alias Carramán, fue condenado a 4 años de prisión.

Las víctimas denunciaron lo ocurrido y señalaron que alias Carramán se identificó en su momento como un supuesto integrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Luego de las labores investigativas dirigidas por la Fiscalía, unidades de la Policía Nacional capturaron al agresor el pasado 1 de abril.

Por todo lo anterior, un juez penal de conocimiento condenó a Jaime Ardila Mejía a cuatro años de prisión, por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultado

 

 

 

DRA/JARG/FL/MRR/DSS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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