Una de las menores quedó en embarazo, producto de las agresiones que debió soportar.
La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS) de Neiva (Huila), permitió que dos hombres fueran sentenciados a penas de 12 y 16 años de prisión; respectivamente, como responsables de delitos sexuales contra sus hijastras, menores de edad.
La Fiscalía demostró que uno de los condenados, de 46 años, sometió a múltiples agresiones sexuales a su hijastra, una joven de 12 años. Estos hechos sucedieron entre septiembre y octubre de 2015. Producto de las vulneraciones la víctima quedó en embarazo y dio a luz un bebé en 2016. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberá velar por la menor agredida y su hijo.
El hombre fue encontrado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, y deberá pagar una condena a 16 años y 1 mes de prisión.
El segundo caso implica a un hombre de 37 años, responsable de abusar sexualmente de su hijastra, de 13. La Fiscalía determinó que la víctima fue sometida a tocamientos de índole sexual, además de haber sido expuesta a distintos vejámenes por el condenado.
Según la investigación, el hombre acostumbraba a poner dinero en la ropa interior de la víctima para que no contara lo sucedido. No obstante, la joven le narró los hechos a su mamá y ella entabló la denuncia correspondiente.
Las agresiones contra esta joven se presentaron el 8 de marzo de 2022 en el barrio La Florida de Neiva (Huila). El procesado fue encontrado responsable del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravado.
Ambas sentencias quedaron en firme.
La Fiscalía habla con resultados.
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LMGM/MAGA/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
