La canción ya no puede difundirse ni interpretarse «con intenciones criminales», ni difundirse ni reproducirse en plataformas basadas en Internet, aunque la orden judicial contenía excepciones para «actividad académica y actividad noticiosa», un ajuste que el gobierno hizo después de un interrogatorio anterior de los jueces. .
La sentencia decía que una orden judicial era «necesaria» porque los operadores de plataformas de Internet «indicaron que están dispuestos a acceder a la solicitud del Gobierno si hay una orden judicial».
El grupo industrial Asia Internet Coalition, que representa a gigantes de la tecnología como Google y Spotify, dijo que estaba evaluando las implicaciones de la decisión «para determinar su impacto en las empresas».
«Creemos que una Internet libre y abierta es fundamental para las ambiciones de la ciudad de convertirse en un centro internacional de tecnología e innovación», afirmó el director general del grupo, Jeff Paine.
Poco después de que se dictara la sentencia, las autoridades de Beijing dijeron que la prohibición era «necesaria» para «salvaguardar la seguridad nacional».
DEMASIADOS RECURSOS PARA POLICIAR TODO INTERNET
Anthony Lai, experto en ciberseguridad con sede en Hong Kong, explicó que si una plataforma cumpliera con la prohibición, tendría que asegurarse de que la canción no pueda tener una dirección IP de Hong Kong o que los usuarios de Hong Kong no puedan acceder a la canción.
«Entiendo la necesidad del gobierno de defender la seguridad nacional, pero me temo que controlar toda Internet consumiría demasiados recursos», dijo Lai a la AFP.
Después de que se anunció la prohibición, algunos enlaces de YouTube de la canción, enumerados en el documento de sentencia del miércoles, parecían ser inaccesibles, aunque muchos otros permanecían activos.
Lam insistió en que la prohibición no perjudica la libertad de expresión de la ciudad.
«El libre flujo de información es de crucial importancia para Hong Kong», afirmó, añadiendo que «nos preocupan comportamientos ilegales muy específicos».
La directora de Amnistía Internacional para China, Sarah Brooks, denunció la prohibición como «ridícula» y «peligrosa», lo que representa «un ataque sin sentido a la libertad de expresión de los hongkoneses» que «viola el derecho internacional de los derechos humanos».
Estados Unidos también criticó la prohibición, y el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la medida representaba «el último golpe a la reputación internacional de una ciudad que anteriormente se enorgullecía de tener un poder judicial independiente que protegía el libre intercambio de información, ideas y bienes».
Desde 2020, después de que se sofocaran las protestas y se promulgara la ley de seguridad nacional de Beijing, la disidencia pública ha estado en gran medida ausente. La mayor parte de los activistas prodemocracia y políticos de la oposición han sido arrestados, silenciados o han huido de Hong Kong.
