Ante la contundencia del material probatorio aportado por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Quindío, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra siete posibles integrantes de la organización ilegal Los Triana, presuntamente implicados en extorsiones a trabajadores informales en la capital quindiana.
Al parecer, desde 2019 los investigados venían realizando exigencias económicas ilegales a personas que desempeñaban sus labores en vía pública del centro de Armenia como lo era el cuidado de vehículos.
Los procesados serían responsables de exigirles a estas personas pagos diarios de 10.000 pesos para permitirles continuar sus labores. En caso de incumplir con el pago de las extorsiones; las víctimas eran obligadas a desplazarse de dichos de dichos lugares, so pena de ser agredidos.
También fue posible establecer que la red delincuencial sería responsable de comercializar estupefacientes al menudeo en los barrios Tigreros y Mercedes de Armenia.
Los procesados fueron capturadas por la Policía Nacional en diligencias de allanamiento y registro en Armenia.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles o inmuebles, cargos que no fueron aceptados.
Durante las diligencias de allanamiento y registro fue incautada un arma, sustancias estupefacientes y bolsas de dosificación, entre otros. Igualmente, se solicitó la suspensión del poder dispositivo de un inmueble, al parecer, utilizado para el ilícito.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/LBV/DSQ
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
