Redacción
Un grupo de universidades y organizaciones de la sociedad civil presentaron nueve propuestas orientadas a mitigar los efectos de la crisis por el coronavirus y que pueden ser la base de la próxima reforma tributaria en el país.
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En el documento plantean, entre otras cosas, una revisión de los beneficios tributarios en Colombia, mecanismos que ayuden a la transparencia, una canasta familiar sin IVA, impuestos verdes, a las bebidas azucaradas y a la economía digital.
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“Se trata de propuestas que a su vez tienen como objetivo salvaguardar y profundizar el Estado Social de Derecho de acuerdo con los principios que gobiernan la tributación, entendiendo que el sistema tributario colombiano actual es desigual y que, en el marco del periodo de pospandemia, podría generar mayor desigualdad”, explicaron al entregar las propuestas.
Sobre cuánto podría recaudar esta reforma, María Fernanda Valdés, de Fescol, manifestó que no se tienen estipuladas tarifas, pero que «seguramente podría ayudar a conseguir los $20 billones que se necesitan»
Así las cosas, indican como primera medida que hoy se hace necesario la creación de un mecanismo que permita evaluar la pertinencia de los beneficios fiscales, con el fin de evaluar la pertinencia de las exenciones y hacer recisiones periódicas de las mismas para mantenerlas. De acuerdo con el grupo, lo anterior porque en el país hay más de 253 beneficios fiscales.
La segunda propuesta tiene que ver con que la Administración Tributaria reporte y ponga a disposición –tanto de la academia como de la sociedad civil– bases de datos anonimizadas de las declaraciones de renta. De esta manera, habrá mayor transparencia al identificar, por ejemplo, si personas jurídicas comparables de distintos sectores están recibiendo un tratamiento tributario similar.
“También permiten a la sociedad civil ejercer su derecho a conocer cuánto dinero se deja de recaudar por conceder beneficios, ya que el dinero que se deja de recoger en impuestos podría tener usos alternativos importantes aparte de estimular la industria”, indica el documento.
En lo que tiene que ver con el impuesto al valor agregado, indicaron que es inconveniente gravar la canasta básica familiar con IVA, dado que su efecto en la población más pobre sería negativo y que el Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad técnica de hacer una devolución efectiva del impuesto que llegue a toda la población pobre.
“Es importante señalar que el Gobierno nacional cuenta con otras alternativas para compensar el recaudo que se deja de percibir por no gravar con el IVA a la canasta familiar y corregir la regresividad de los beneficios tributarios en el IVA”, justificaron.
Como cuarto tema propusieron crear un impuesto (sobretasa) al consumo de bebidas azucaradas de alcance territorial, garantizando que su recaudo sea usado para mejorar la salud pública. Asimismo, plantearon la necesidad de ampliar el hecho generador del impuesto a las emisiones de CO2 y de incrementar de forma progresiva la tarifa de este para que estos recursos sean utilizados en temas ambientales.
Mientras que para la economía digital se propone crear un nuevo impuesto que grave los servicios digitales en la medida que el beneficiario del servicio se encuentre en el territorio colombiano, el cual debería constituirse con una tarifa baja teniendo en cuenta que no es un impuesto deducible.
Finalmente, se incluye una propuesta a nivel educativo que busca implementar en los planes de estudio una asignatura obligatoria dirigida al entendimiento financiero del Estado.
“La propuesta, estaría acompaña de la idea de que la administración tributaria (con apoyo de la academia) realice jornadas de capacitación nacional en cultura tributaria en los niveles de educación básica, media y superior”, precisan.
