Chihuahua atraviesa un arduo conflicto por la extracción de agua de la presa “La Boquilla» para enviarla a los Estados Unidos, país con el que México tiene una deuda desde hace 1994. En medio de la disputa, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de tres funcionarios de gobierno por movimientos irregulares en sus cuentas.
Se trata de al menos 50 cuentas bancarias de organizaciones de productores en las que estarían participando directivos de la región centro-sur del estado y el Ayuntamiento del Delicias, uno de los 67 municipios de Chihuahua.
Los funcionarios a los que les fueron congeladas las cuentas son: José Reyes Baeza, Salvador Alcántar y Eliseo Compeán.
“El bloqueo se realizó por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional”, indicó la UIF
Por medio de un comunicado, se dio a conocer que 44 de las cuentas congeladas pertenecen al municipio de Delicias, sin que se trate de aquellas que garantizan operaciones primordiales de la localidad. Seis más pertenecen a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos, además de la cuenta personal de Salvador Alcantar y una más de la Asociación de Usuarios de Riesgo del Estado de Chihuahua (AURECH)
Quiénes son y cómo se relacionan con “La Boquilla”
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A inicios del mes de septiembre volvieron a realizarse protestas para demandar agua en Chihuahua, pues gracias al Tratado de Aguas de 1994, México le asigna a los Estados Unidos la tercera parte del agua que llega de la corriente principal del Río Bravo en la frontera norte, dejando a los agricultores del estado sin agua para sus cultivos.
Los tres funcionarios con cuentas congeladas por la UIF aseguraron que se trata de una “reprimenda” del gobierno por apoyar las protestas. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tras los conflictos desatados en la entidad se encontraban intereses políticos de varios partidos.
José Reyes Baeza fue ex gobernador de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y director general del Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El periódico Milenio dio a conocer que a este hombre se le estaría investigando por corrupción durante su gestión en la institución sanitaria.
Salvador Alcántar Ortega es actualmente presidente de AURECH y le habrían detectado manejos irregulares por 68 millones de pesos en efectivo.
El tercero de ello, Eliseo Compeán es alcalde del municipio de Delicias y se le estaría investigando por presuntos movimientos irregulares que no corresponden a sus cuentas, según el medio mexicano.
Los tres hombres fueron señalados como parte de las protestas por el agua, las cuales se intensificaron luego de que una pareja de manifestantes, Jaime Torres y Jéssica Silva, productores del municipio de Meoqui, fuera asesinada cuando regresaban de la manifestación en “La Boquilla” por elementos de la Guardia Nacional.
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De acuerdo con los reportes, el automóvil habría sido alcanzado por dos unidades de la corporación que abrieron fuego contra la pareja. La mujer murió en el lugar tras recibir varios disparos en la espalda, lo que desató mayor indignación entre los campesinos.
Pero, el conflicto por el agua no es reciente. México se ha atrasado con los pagos del tratado y corre peligro de que Estados Unidos busque renegociar el tratado una vez que se cumpla con el plazo fijado para el 24 de octubre.
Desde febrero, la presa La Boquilla ya había sido tomada por unos 500 agricultores de los municipios de San Francisco de Conchos y Camargo, quienes buscaban impedir que se trasvasara agua al país vecino cuando ellos no contaban con la suficiente agua para cultivar.
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