La CAF, banco de desarrollo de América Latina, presenta este jueves en la Universidad de los Andes el capítulo para Colombia del Reporte de Economía y Desarrollo 2019 ‘Integridad en las políticas públicas’ en el que menciona los esfuerzos que se debe hacer el país para prevenir la corrupción.
(Nace una plataforma ‘anticorrupción’ para Latinoamérica).
Gustavo Fajardo, economista principal de la CAF habló con Portafolio al respecto.
En la región ¿cómo está Colombia en la incidencia de la corrupción?
Este tipo de actos son clandestinos, por lo que no hay medidas confiables sobre su incidencia, pero proliferan los índices de percepción, en los que Colombia suele figurar muy cerca del promedio para la región, que no es destacado.
Con base en el capítulo que presentan, ¿cuáles son los indicadores en los que más se destaca Colombia y en los que más rezagado está?
En el país se han tomado algunas iniciativas en la dirección acertada. Por ejemplo, ha habido algunas reformas al sistema de distribución de recursos por regalías mineras a los municipios que parece estar teniendo resultados favorables. El país también figura entre los líderes regionales en cuanto a la apertura de datos sobre la acción estatal, según el Global Open Data Index. Además, se han ensayado plataformas para la denuncia de presuntas irregularidades y fórmulas de monitoreo comunitario, como las Auditorías Visibles.
(Plataforma busca combatir la corrupción en procesos de contratación).
Por otra parte, los indicadores de percepción y victimización (personas y empresas que reportan que les han exigido un soborno) ubican al país cerca del promedio de la región.
¿Cómo disminuir la corrupción?
No hay una solución única y sencilla. Hay diversas áreas en las que se deben hacer esfuerzos e inversiones.
En el libro hablamos de cuatro grandes áreas de acción. La primera es el fortalecimiento de los órganos que forman la cadena de control y rendición de cuentas en el Estado; es decir, auditorías, contralorías, fiscalías especializadas, entre otros. La construcción de capacidades en esos organismos tiene una demostrada importancia en el combate a la corrupción.
Lo segundo tiene que ver con los mecanismos de acceso a la función pública, tanto a los cargos electos como a la burocracia.
Lo tercero es la adopción de criterios de transparencia en el Estado y el mejoramiento de los canales de reclamo ciudadano. Abrir los datos y la información para que sean de fácil acceso es relevante. Finalmente, hay que reconocer el papel activo que muchas veces juega el sector privado y dirigir esfuerzos para controlar la influencia de intereses particulares en las decisiones de política.
Para combatir este flagelo, ¿qué tanto puede aportar la tecnología?
Algunas de las tareas en que más valor puede aportar son el desarrollo de la arquitectura de datos en el Estado y sus aplicaciones.
Todo esto es muy valioso, pero algunos matices son necesarios. Primero, la tecnología es una herramienta muy útil, pero su efectividad en la lucha anticorrupción finalmente dependerá de los arreglos institucionales que haya detrás. Por ejemplo, aunque sea muy buena una plataforma de denuncias ciudadanas, las personas no la usarán si perciben que los reclamos no se atienden.
Segundo, difícilmente soluciones anticorrupción surjan de esfuerzos privados porque los beneficios que generan son esencialmente públicos. El Estado debe jugar un papel protagónico para dirigir el desarrollo de estas acciones.
(Las cuatro claves de CAF para frenar toda la corrupción).
Tercero, esta discusión hace muy relevante el tema de la inclusión tecnológica. Fórmulas para la rendición de cuentas basadas en el acceso a tecnologías y al internet pueden profundizar desigualdades regionales si no se trabaja por universalizar el acceso.
¿Cómo poner en marcha reformas anticorrupción?
La adopción de cambios legales e institucionales es siempre un proceso lento, no solo porque algunas reformas pueden tocar intereses, sino porque hay genuinas divergencias de opinión respecto al proceder. Acá no hay solución sencilla, pero hay que evitar la desesperanza y la desconfianza generalizada, y no se debe apostar por fórmulas antipolíticas.
Es importante apoyarse en el rol que pueden jugar expertos y académicos para monitorear qué se está haciendo en esta materia.
Es necesario hacer seguimiento a lo más aburrido y menos noticioso: el proceso de adopción de medidas legales y administrativas para la prevención a futuro. No hay más magia que la persistencia.
¿Consideran necesario una misión que estudie cómo avanzar en temas anticorrupción en el pais?
Una de las deficiencias que suele haber en todos los contextos es la falta de claridad sobre la incidencia de las distintas manifestaciones de corrupción. Un diagnóstico bien comprensivo puede permitir fijar prioridades en la agenda y pensar en indicadores para evaluar de manera sistemática los avances (o retrocesos). Esta es una tarea en que la participación de expertos sería muy valiosa, pero que requiere del apoyo de los agentes estatales.
La cooperación internacional es valiosa para compartir aprendizajes y para ayudar en la implementación de algunas políticas, pero el esfuerzo debe venir del Estado y la sociedad.
¿Cuál es el estimado del impacto económico de la corrupción en Colombia?
No hay manera de reducir su impacto a un número. Las verdaderas consecuencias de la corrupción se manifiestan en una menor capacidad estatal para proveer infraestructura y servicios públicos de calidad, la pérdida de productividad en la economía y, posiblemente lo peor de todo, la erosión de la confianza en las instituciones políticas y de gobierno.
¿Qué debe hacer el país para enfrentar este tema?
Es importante avanzar desde las diferentes áreas de acción: fortalecimiento de los órganos estatales que forman la cadena de rendición de cuentas, con énfasis en los encargados de la investigación de casos de corrupción; aumento de las capacidades de aplicación de las reglas de financiamiento político; fomentar una cultura corporativa de integridad en las empresas privadas y sancionar judicialmente a las personas jurídicas que se vean involucradas en delitos de corrupción; y finalmente reforzar algunas tareas como la contratación de obras de infraestructura pública.
¿Hace falta endurecer las penas en materia de corrupción en Colombia, o creen que puede ligarse más a un tema cultural?
Es necesario hacer las inversiones institucionales necesarias para que las sanciones (administrativas, judiciales, económicas) a la corrupción sean efectivas.
De manera complementaria a la mejora institucional, es muy valioso formar actitudes vigilantes en los ciudadanos.
