La Liga Betplay 2020 se suspendió en marzo; los entrenamientos no empezaron en mayo, con lo cual no habrá competencia antes de julio, y en el Gobierno nacional no se plantean el reinicio antes de agosto. Hasta ahí los hechos verificables. Todo lo demás hace parte de una incertidumbre que tiene a los clubes en vilo y al borde del caos económico y a la Dimayor haciendo cuentas.
No han servido los buenos oficios del Álvaro Uribe ni las movidas políticas aquí y allá, pues los plazos se siguen corriendo y no hay siquiera una fecha problable para retomar el primer torneo del año, al que le fatan 12 jornadas. Hay un exigente protocolo para volver a puerta cerrada, pero ni siquiera en ese punto hay consenso, pues entre otras cosas, algunos presidentes se pregunta: ¿a quién le van a mandar la factura de los exámenes médicos necesarios para el regreso?
La duda está en el radar del Gobierno, que ha pedido reiteradamente que le expliquen quién financiará el protocolo y ha advertido, a través del ministro de deporte, Ernesto Lucena, que no habrá un solo peso público para ese fin.
Pero después quedó de nuevo en el aire, esta vez por una carta, firmada por los presidentes de Santa Fe, Cortuluá, Orsomarso, Aguilas Doradas, Patriotas, La Equidad, Cúcuta, Jaguares, Llaneros, Atlético Huila y Tigres, en la que decía: “por la situación económica de los equipos de fútbol dicho protocolo deberá ser financiado en su totalidad por la Dimayor o quien asuma estos costos más no por los equipos del fútbol profesional colombiano”.
Entonces, ¿quién pagará los famosos test? Vale la pena preguntarse antes: ¿cuánto cuestan y por qué hay dudas sobre los fondos para costearlos?
Hay al menos tres versiones sobre el real costo de las pruebas, que son de dos tipos: unas rápidas, que son económicas y de resultados casi inmediatos, y otras más detalladas, conocidas como PCR. Todas son necesarias, según el protocolo, apra garantizar que a la cancha solo lleguen los futbolistas libres del covid-19.
Gustavo Pineda, jefe del departamento médico de la Federación Colombiana de Fútbol le dijo a El Tiempo que se requieren unas 100.000 pruebas desde los entrenamientos hasta los partidos, lo que superaría los 12.000 millones de pesos; otra asegura que cada equipo necesita una inversión cercana a los 190 millones de pesos, lo que multiplicado por los 36 equipos ronda los 7.000 millones, y una tercera asegura que, en realidad, a la hora de la competencia solo se necesitan 800 millones de pesos, que cubrirían solo las plantillas de los equipos para los 12 partidos que le faltan a la Liga. Dimayor no ha confirmado oficialmente cuál es el costo real.
Pero si el Gobierno pregunta y los clubes aseguran que no tienen cómo asumir los gastos, entonces la suma real debe contarse en miles de millones. Por eso tanta preocupación. Y vuelve la pregunta: ¿a quién le mandarán esa factura?
La versión que tienen los presidentes de los clubes es que, como no hay partidos, se usarán los fondos destinados para la implementación del VAR. La idea es trasladar los plazos de los contratos, que ya se firmaron, de esta temporada a la de 2021, con lo cual habría cerca de 15.000 millones de pesos disponibles para los test. Eso, claro, en caso de que se pueda llegar a un acuerdo con Mediapro, la compañía española que operará la herramienta tecnológica. ¿Y si ellos, como algunos sospechan, se declaran víctimas de la crisis y exigen el cumplimiento de los plazos establecidos? Ahí es donde se preocupan los jefes de equipos.
“La Dimayor cubriría los gastos pero eso que significa que son los mismos equipos, porque es pasar la plata de un bolsillo a otro”, le dijo una fuente a FUTBOLRED. Y si al final son los mismos clubes, su preocupación pasa por cuáles son los planes del Gobierno, pues unos serán los costos si hay que viajar, como es usual, a todas las plazas de Colombia, y otros distintos si se concentra la competencia en una sola ciudad o en 4 muy cercanas, como se ha dicho en las últimas horas tras la polémica reunión de algunos con el senador Álvaro Uribe y como al comienzo de la emergencia lo sugirió el presidente Iván Duque.
Y más que eso: unos serán los gastos si se alcanzan a amontonar dos torneos en cinco meses, como pretende Dimayor, amparada en los contratos de televisión que están firmados, o si por la fuerza de las circunstancias solo se juega un torneo en 2020.
Pero hay más cabos sueltos. Otras fuentes consultadas por este portal se preguntaban qué pasará, por ejemplo, con los entrenamientos: “Si el confinamiento es total en una o unas pocas sedes se llevarán los equipos, allá por algo más de cuatro meses y allá se entrena y se compite y ya. Entendemos que hay ciudades que han ofrecido los hoteles, las canchas y algunas hasta los test para reactivar sus economías. Pero si es en las sedes de los clubes, ¿esas pruebas también las paga Dimayor?”. Muchos hacen cuentas de que serán ellos mismos los que las tengan que costearlo para permitir el entrenamiento en condiciones seguras.
Los clubes más modestos tiene además la duda de quién pagará las adecuaciones en los estadios que ellos suelen asumir para tener requisitos básicos de competencia.
Y a todo esto las reuniones virtuales no han tocado esos temas candentes de la sede única, el torneo único y los costos del protocolo, pues se habla más de políticos que de expertos en deporte en los últimos días, buscando antes que nada una fecha probable de reinicio para acallar los ánimos de los presidentes de clubes más angustiados y dejando sin resolver otras dudas de fondo. Ahora ha surgido un problema adicional: ¿quién será el interlocutor con el Gobierno si Dimayor ya fue descalificado?
