La nueva ley de pensiones, sancionada recientemente por el presidente Gustavo Petro, trae consigo cambios significativos en el sistema de pensiones en Colombia. Si bien la reforma busca mejorar las condiciones para los adultos mayores con la implementación de un bono pensional, también ha generado preocupaciones y debates sobre su impacto fiscal y la creación de un régimen especial para una parte considerable de la población.
El presidente Gustavo Petro, en un evento en la Plaza de Bolívar, describió esta reforma como la “conquista social más importante de los trabajadores”. Sin embargo, la asistencia al evento fue baja, lo que contrastó con la importancia de la ley, que entrará en vigor el 1 de julio de 2025.
La nueva legislación pone fin a la competencia entre Colpensiones y los fondos privados, estableciendo un esquema de pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario. Este cambio radical tiene el objetivo de crear un sistema más equitativo, pero también plantea desafíos administrativos significativos.
- Fin de la Elección entre Públicos y Privados: Todos los trabajadores cotizarán a Colpensiones, eliminando la opción de elegir entre administradoras públicas o privadas. Colpensiones, que actualmente tiene 6.8 millones de afiliados, recibirá alrededor de 18 millones de nuevos afiliados procedentes de fondos privados.
- Pilar Solidario: Se introduce un bono pensional de 223,000 pesos mensuales para cerca de tres millones de adultos mayores de 65 años en condición de pobreza y vulnerabilidad, ampliando y aumentando los recursos del Programa Adulto Mayor.
- Régimen de Transición: Los hombres con 900 semanas cotizadas y las mujeres con 750 semanas podrán mantener el régimen actual. Además, quienes estén a menos de 10 años de la edad de pensión y deseen cambiar de régimen podrán hacerlo sin necesidad de demandas.
A pesar de los beneficios, la reforma genera grandes interrogantes fiscales. El Ministerio de Hacienda proyecta que el costo de la reforma alcanzará el 71.82% del PIB para el año 2070, sumando 1,077 billones de pesos. Este aumento en el gasto se debe a la necesidad de financiar los regímenes solidario y semicontributivo.
Un aspecto altamente polémico es la inclusión de un régimen especial para los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales palenqueras y campesinos, que representan el 40% de la población. Este grupo tendrá requisitos de edad y semanas cotizadas más bajos para obtener una pensión. La inclusión de este régimen especial fue crucial para la aprobación de la ley en el Senado, pero plantea un problema fiscal significativo y ha sido criticada por su falta de viabilidad económica.
El gobierno deberá tramitar otro proyecto de ley para resolver los problemas creados por este régimen especial. Además, existen dudas sobre si las pensiones de más de 3.6 millones de pesos pagarán impuestos, y si la reforma superará el escrutinio de la Corte Constitucional, dado el apresurado proceso de aprobación en el Congreso.
La nueva ley de pensiones de Colombia promete un cambio sustancial en el sistema, con el objetivo de ser más inclusiva y justa. Sin embargo, su implementación presenta grandes retos administrativos y fiscales que deberán ser cuidadosamente manejados para asegurar su éxito y sostenibilidad a largo plazo.
