La decisión de México de arrebatarle el control de su sector petrolero a empresas estadounidenses y británicas se enseña en las escuelas y se celebra cada año. La nacionalización de 1938 es motivo de orgullo para millones de mexicanos, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Hace 16 años el mandatario lideró una lucha contra las reformas energéticas que pretendían atraer la inversión privada a la enorme empresa petrolera estatal Pemex.
Este año, Claudia Sheinbaum, la favorita en la carrera para suceder a López Obrador, eligió el aniversario de la expropiación petrolera para anunciar sus propuestas energéticas, que incluyen el mantenimiento de la producción de crudo a gran escala por parte de Pemex, la limitación de la inversión privada en generación eléctrica y la apuesta por las energías renovables pero mayoritariamente desde el Estado.
A pesar de las dificultades de su petrolera estatal, México sigue siendo uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Ninguno de los candidatos ha hablado de limitar la producción de crudo en el país latinoamericano.
En paralelo, la candidata oficialista, de 61 años, también quiere asegurarse de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), controlada por el gobierno, cubra con su generación energética la mayor parte de la demanda eléctrica de empresas y hogares, una postura que ha defendido López Obrador durante su sexenio que culmina en septiembre y que hará más difícil que México cumpla sus compromisos en materia de cambio climático.
Cerca de dos terceras partes de las plantas de la empresa eléctrica pública —que mantiene el monopolio de la transmisión y distribución de electricidad desde que se desarrolló por decreto presidencial en 1937— funcionan a partir de combustibles fósiles y el restante 33 % tiene tecnologías libres de carbono.
México se ha comprometido a que en 2030 el 43 % de la energía que se genere proceda de fuentes no contaminantes. En la actualidad, apenas alrededor del 22% de la electricidad producida en México procede de fuentes limpias, según estimaciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La posición de Sheinbaum no sorprende a los analistas. El coordinador de energía y medio ambiente del IMCO, Oscar Ocampo, afirmó que para la candidata gubernamental “sería costosa alejarse de esa línea oficial”.
De hecho, la exalcaldesa de Ciudad de México se ha comprometido a seguir aumentando la capacidad de refinación de Pemex, una receta que no contribuye a la reducción de los combustibles fósiles por parte de una científica convertida en política.
En el debate presidencial del domingo, aunque Sheinbaum quiso resaltar sus conocimientos científicos en temas climáticos, apenas mencionó superficialmente la reducción de las emisiones que causan el cambio climático como parte de un proceso de transición energética.
Defendió, además, que la gran refinería que construyó López Obrador ayudará a reducir la importación de gasolina y reprochó que la candidata opositora Xóchitl Gálvez quiera privatizar Pemex, algo que ésta es financiera.
Frente a la estrategia del oficialismo está la apuesta de la oposición por el sector privado.
En ese mismo segundo debate, Gálvez lanzó que las energías renovables eran clave para el país. “Hay quien cree que éstas ponen en riesgo sistema eléctrico nacional”, dijo, en alusión a Sheinbaum. “Yo propongo el 50 % de energías renovables para el 2030”, defendió. Y, para ello, dijo que contaría con mayor participación de la inversión privada.
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La exsenadora, de 61 años, es la candidata de una coalición de partidos ideológicamente diferentes y principal rival de Sheinbaum. Gálvez llegó al Senado en 2018 de la mano del conservador Partido de Acción Nacional, que años antes había impulsado las reformas del sector energético que forzaron una mayor apertura al sector privado.
Esas reformas abrieron la industria a la contratación privada en el sector de los servicios, pero Pemex mantuvo su monopolio sobre la exploración, los oleoductos y la distribución de gasolina.
Gálvez ha dicho que quiere mejorar la eficiencia y las finanzas de Pemex y ha propuesto cerrar dos refinerías que pierden dinero. El Jorge Álvarez Máynez, del pequeño Movimiento Ciudadano, también ha planteado cerrar dos refinerías.
Al recordar cómo desde la escuela primaria se enseña a los mexicanos la expropiación petrolera, Julia González Romero, consejera de la firma local de abogados González Calvillo y especialista en temas regulatorios, ambientales y energéticos, afirmó que es comprensible que en medio de la campaña electoral surja la discusión sobre la participación de los privados y del Estado en el negocio energético.
“Está en el ADN de nuestra política discutir qué tanto debe participar la parte privada en el sector”, dijo González Romero.
Durante su gobierno, el mandatario saliente López Obrador impulsó una reforma para dar preferencia a la CFE sobre las plantas privadas de generación de energía renovable y de gas natural, a pesar de que muchas de las instalaciones estatales queman combustibles contaminantes como el combustible, el carbón. o el diésel.
Esa reforma de 2022 fue después bloqueada en los tribunales y el gobernante mexicano decidió comprar el año pasado 13 plantas eléctricas —la mayoría de gas natural— a la española Iberdrola por casi 6.000 millones de dólares, lo que llamó la “nueva nacionalización”, asegurando que la empresa pública CFE generará la mayor parte de la electricidad del país.
Las políticas relacionadas con el clima retrocedieron durante el sexenio de López Obrador, según el proyecto científico independiente Climate Action Tracker, que hace un seguimiento de los compromisos de los países para limitar el calentamiento.
“Las emisiones de gases de efecto invernadero de México siguen aumentando —a pesar del breve bajón causado por la pandemia de COVID-19— y se prevé que sigan aumentando hasta 2030″, recoge un informe de esa iniciativa científica.
En su campaña, la candidata oficialista ha asegurado que la transición energética será uno de los “sellos” de su administración y ha hablado de dejar la puerta abierta a las empresas privadas. Pero Ocampo estima que hay “una diferencia fundamental en la magnitud de la participación” del sector privado entre las propuestas de Sheinbaum y Gálvez.
La opositora prefiere confiar en el sector privado para impulsar las inversiones en energías renovables y lanzó una propuesta para facilitar la instalación de paneles solares en los hogares y pequeñas empresas en todo el país. La empresaria tecnológica ha planteado, además, que Pemex debe orientarse hacia la energía geotérmica.
También quiere recuperar las subastas de energía que surgieron en 2016 para estimular la participación de privados en el desarrollo de centrales de generación de energías renovables y que el gobierno de López Obrador suspendió.
Por su parte, Sheinbaum quiere que Pemex se expanda hacia la producción de litio y la generación de electricidad geotérmica. La CFE desarrolló la generación de energía geotérmica hace años. En 2022, México nacionalizó la minería y extracción de litio y una empresa estatal tendrá derechos exclusivos para extraer el metal utilizado en baterías de automóviles eléctricos y otros dispositivos.
Edgar Olvera, un abogado de 45 años, considera que el sector privado podría traer más inversión para explotar los recursos naturales de México, pero también reconoció que lo que generen se iría para el extranjero. “Es que es un tema muy delicado, muy, muy delicado, porque sabemos que el gobierno también no hace al 100% las cosas correctas. Es un arma de dos filos”.
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