La mayoria de las decenas de muertos en las recientes protestas en Perú son de poblaciones indígenas, lo que sugiere un «sesgo racista» en el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares, dijo el jueves Amnistía Internacional (AI).
La secretaria general de AI, Agnès Callamard, afirmó que a pesar de los esfuerzos del gobierno por presentar «como terroristas o delincuentes» a los que participaron en las protestas, la mayoría de los que murieron fueron manifestantes, observador y transeúntes.
«Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de la fuerza letal», dijo Callamard en una conferencia de prensa en la que presentó un nuevo informe de la organización.
Perú enfrentó entre diciembre y febrero una ola de protestas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, que intentó de manera ilegal cerrar el Congreso y gobernar por decreto. Unos 49 civiles murieron en choques con la policía o el Ejército en el conflicto, según datos de la Defensoría del Pueblo.
En las protestas se demandaba la renuncia de la presidenta Dina Boluarte -sucesora de Castillo-, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva Constitución.
Boluarte, que niega los abusos de las fuerzas de seguridad y afirma que algunos manifestantes actuaron con violencia con la quema de sedes públicas y privadas, ha sido citada para el 31 de mayo por la fiscalía que la investigacion por los presuntos delitos de «genocidio, homicidio calificado y lesiones graves».
De unas 25 muertes documentadas por AI, 15 fueron de menores de 21 años, muchos de ellos de familias pobres o indígenas, dijo la ONG, que en febrero había denunciado ejecuciones extrajudiciales. El mayor número de víctimas se registraron en las regiones andinas de Ayacucho y Puno.
La organización refirió que en Lima, donde se registró el mayor número de protestas y donde sólo el 20% de su población se identifica como indígena, hubo una muerte. En Ayacucho, donde el 82% es indígena, fallecieron 10 personas.
“En Lima no vimos el mismo uso del uso de la fuerza letal donde vimos en otras regiones”, dijo la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, a la prensa.
AI reiteró que pese a las «graves violaciones de derechos humanos» en Perú, la fiscalía no ha realizado un trabajo adecuado y destacó que, para garantizar justicia en estos casos, las autoridades locales deben solicitar asistencia técnica internacional para las investigaciones penales.
La organización solicitó a la presidenta Boluarte que ponga fin «al uso de la fuerza letal y de municiones prohibidas», en momentos en que los líderes sociales de regiones andinas han anunciado el reinicio de las protestas antigubernamentales en junio.
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