Un enfrentamiento entre dos empresas mineras con presencia en el territorio nacional, una canadiense y la otra colombiana, despertó desde hace varios días la curiosidad del sector extractivo del país.
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El pulso, que está para alquilar balcón, se está dando entre las empresas Carbones de los Andes (Carboandes/Poliandes) y la multinacional Miranda Gold Corp. (Outcrop), la cual argumenta un incumplimiento de contrato en el que incurrió la compañía colombiana.
La piedra de la discordia entre ambas mineras que ya es del conocimiento de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), entidad que tiene en su poder una carta que envió Joseph P. Herbert, CEO de la multinacional canadiense a Juan Carlos Quintero, presidente de Carboandes, notificándolo de “incumplimiento grave” de contrato.
En la misiva con fecha del 19 de noviembre de 2019, que consta de cuatro hojas, y a la cual tuvo acceso Portafolio, Miranda Gold subrayó que para la fecha de la firma del Contrato de Opción entre ambas mineras, que se realizó el 8 de junio de 2018, Carboandes “se encontraba inmerso en un proceso arbitral” iniciado en su contra por Sloane Investments Corporation sucursal Colombia y por Sloane Logistics S.A.S. que culminó en julio de 2018 con una condena a Carboandes por la suma de US$9 millones.
“Es un claro y grosero incumplimiento a lo pactado en el Contrato de Opción y el principio de buena fe pre-contractual establecido en el artículo 871 del Código de Comercio, Carboandes no reveló a Outcrop la existencia de dicho proceso arbitral ni durante la negociación, ni al momento de la firma del Contrato de Opción”, resaltó la misiva.
Y a renglón seguido, la minera canadiense subrayó que “esta situación genera de forma automática un incumplimiento claro y grave” por parte de Carboandes.
El convenio tenía como fin el desarrollo de varios titulos mineros propiedad de Carboandes para la producción de oro y cobre en el Cauca por parte de la minera canadiense.
SIN PROCESO LEGAL
Según la cláusula 3.2 del Contrato de Opción, en el numeral tres, ambas mineras afirmaron al momento de la firma del mismo que, “no hay ningún proceso en trámite y no se está al tanto de ningún fundamento para la institución de algún proceso que lleve a la conclusión de Carboandes o Poliandes…”
Es decir, como lo resaltó Miranda Gold en su carta, que para el momento de la firma del convenio Carboandes o Poliandes no debería estar inmersa en algún “proceso legal o gubernamental en trámite”, o en el que estuvieran involucradas sus propiedades, y mucho menos que hubiera en amenaza con el inicio de otro en su contra.
“Expresamente se aclara que el incumplimiento de Carboandes aquí expuesto no radica en forma alguna ni está motivado por el hecho de haber sido admitido al proceso de reorganización bajo la ley 1116 de 2016, por el contrario se sustenta en el incumplimiento de las declaraciones y garantías del Contrato de Opción y del principio de buena fe pre-contractual”, reitera la misiva de Miranda Gold.
Por su parte la cláusula 3.3 del citado convenio, resaltó que “cada una de las partes indemnizará y eximirá de responsabilidad a ala otra respecto de toda pérdida, daño, costos, acciones y juicios que se originen o se relacionen con el incumplimiento de una declaración, garantía, cláusula, acuerdo o condición que formulen y se incluya en el presente Contrato”.
EFECTOS POR EL INCUMPLIMIENTO
Pero para la minera multinacional canadiense, el tema no quedó solo en explicar con argumentos legales, el incumplimiento al contrato de Opción, sino que va más allá y le exige a la citada compañía colombiana una indemnización por perjuicios.
“Considerando lo anterior, Outcrop (Miranda Gold) exige a Carboandes, solicitar de manera inmediata, autorización a la Supersociedades, para ceder la propiedad, ya sea a nombre de Poliandes, como se había pactado inicialmente en el Contrato de Opción o directamente a nombre de Outcrop, para que Outcrop pueda continuar ejecutando el Contrato de Opción”, resaltó la carta.
Así mismo, la misiva de la minera canadiense subrayó que “a menos que la solución indicada sea implementada por Carboandes dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de esta carta, Outcrop se reserva el derecho de ejercer todas las acciones disponibles bajo el Contrato de Opción y bajo la ley colombiana”.
MÁS ARGUMENTOS
Otro de los argumentos esgrimidos por la multinacional canadiense en la citada carta que le envío a Carboandes es el incumplimiento del propósito principal y final del Contrato de Opción.
Al respecto, la carta de Miranda Gold, subrayó que “la cláusula 4.5 del Contrato de Opción establece de manera clara que ‘El propósito final y principal es mantener el título y derecho sobre la Propiedad a nombre de Poliandes’”.
Así, para la canadiense, la minera colombiana se encuentra impedida para cumplir con la obligación principal del convenio, debido a la admisión de Carboandes en reestructuración, lo cual, en principio y hasta que no haya autorización del juez del concurso, impide a esta hacer enajenaciones que no estén contempladas en el giro ordinario de sus negocios.
Pero lo que más llama la atención en la misiva y que afecta directamente a Carboandes es sobre “el gravamen judicial sobre la Propiedad, registrado por Sloane en el Registro de Garantías Mobiliarias”.
