El Plan Nacional de Desarrollo se sometió a examen en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado esta semana. Cada cámara debatió y aprobó la hoja de ruta de este Gobierno. Mientras que el Senado sacó adelante el texto el miércoles, luego de dos días de discusión, en la Cámara la votación se extendió hasta este jueves.
(Cámara de Representantes aprueba en plenarias el Plan de Desarrollo).
Solo falta la conciliación de los textos. El plazo máximo para que el Legislativo apruebe el Plan de Desarrollo es el 7 de mayo.
Entre los elementos fundamentales del Plan Nacional de Desarrollo que pasaron está, entre otros temas, la creación del Sistema de Transferencias, bajo la dirección del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
Otro de los puntos claves que se aprobaron en el Plan de Desarrollo tiene que ver con el giro directo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), el cual fue cuestionado por su relación con la reforma a la salud, proyecto que desencadenó la crisis ministerial en el Gobierno.
Este quedó aprobado tanto en la Cámara como en el Senado, y se establece que la Adres realizará el giro directo de los recursos de las Unidades de Pago por Capitación (UPC) a las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS).
(Aprobado artículo que permite compra de tierras de oferta voluntaria).
Un punto que desató polémica en la discusión, pero que finalmente quedó avalado, fue el contenido en el artículo 91 de la ponencia de segundo debate. Este permite a las entidades estatales contratar por la mínima cuantía a la economía popular.
Varios congresistas cuestionaron que este artículo permitiría la “contratación a dedo” desde el Gobierno, con la posibilidad de que se entreguen contratos a ONG y otro tipo de organizaciones desde el Ejecutivo.
El representante por el Centro Democrático, Christian Garcés, aseguró que dicho artículo flexibiliza la lucha contra la corrupción y minimiza la descentralización.
“Por mínima cuantía se podrá contratar entidades sin ánimo de lucro por el gobierno nacional. Quién va a controlar miles de millones repartidos por toda Colombia en ‘contraticos’ de $500, $800 y $1.000 millones, y la priorización de la planeación municipal quedará totalmente borrada del mapa”, criticó el representante.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que “en el Plan de Desarrollo se está ampliando algo que hoy ya se puede hacer, no es una acción malévola ni electorera, es algo que existe en nuestra legislación”.
Tras la aprobación de una proposición que eliminó la expresión “persona natural” del texto, fue aprobado este punto en Cámara. Este también había sido aprobado en Senado.
(Se cae propuesta de ‘expropiación exprés’: así fue su corta vida).
Otro artículo que generó polémica durante el debate fue el 356 de la ponencia, que contempla la creación de las Asociaciones de Iniciativa Público Popular, como “un instrumento contractual de vinculación entre entidades públicas y los diferentes instrumentos asociativos de origen comunitario”.
Este quedó como uno de los puntos claves de la conciliación, pues mientras que la Cámara lo tumbó, este punto sí pasó en el Senado, aunque en esta célula legislativa se intentó tramitar una proposición para eliminación (con un resultado de 38 votos para su aprobación y 39 en contra).
Tras la votación en ambas corporaciones, algunas de las facultades extraordinarias que consiguió el Presidente tienen que ver con la expedición de normas con fuerza de ley para modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción, e incorporarlos al Sistema de Transferencias que crea el Plan Nacional de Desarrollo.
Otra de las facultades que se le otorgó al Presidente es la que le permite adelantar actividades para la recuperación del San Juan de Dios, así como la creación una entidad pública adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo objetivo principal sea el fomento de la construcción, mejoramiento y conservación de caminos vecinales.
Y también aquella que permitiría al mandatario “homogeneizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros”, aquellas dentro del Grupo Bicentenario.
Pero también se cayeron dos artículos que buscaban facultades para el presidente Petro. Estos eran los puntos 329 y 353 de la ponencia para segundo debate.
El primero de estos proponía, por el término de seis meses, otorgarle facultades al primer mandatario para el desarrollo al servicio nacional forestal como parte de la institucionalidad del sector ambiente y desarrollo.
El artículo 353, aunque obtuvo una votación positiva en Cámara, no cumplió con las mayorías exigidas para ser aprobado. Este proponía la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, y buscaba facultar al Presidente para determinar las competencias específicas, planta de personal y estructura orgánica de la Agencia.
Otro punto que generó varias opiniones fue el artículo que propone crear el Registro Universal de Ingresos, administrado por Planeación Nacional.
La representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) aseguró que “no preocupa el Registro Único como tal, sino que esos subsidios que realmente estén focalizados”.
Frente a ello, Olga Lucía Velásquez (Partido Verde), una de los ponentes del Plan, explicó que “el artículo es complementario al Sistema Nacional de Transferencias. El DNP tendrá un gran repositorio y generará una gran interoperabilidad entre la diferentes bases de datos para esa focalización. Hoy hay duplicidad de subsidios en una persona, y esto lo que generará es eficiencia en los recursos”.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
PORTAFOLIO
