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Polémica por el PGN 2024: Gobierno plantea renegociar vigencias futuras | Gobierno | Economía

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Todo un revuelo se ha generado en el país desde ayer, luego de que Portafolio revelará las fallas y posibles vicios de inconstitucionalidad que hay en el Presupuesto General de la Nación, los cuales tienen en el aire $13 billones y sin una asignación específica de recursos a más 100 programas y proyectos en todo el país.

Entre las obras que no tienen una asignación directa de dineros de la Nación, están el Metro de Bogotá ($776.000 millones), el Regiotram ($351.000 millones), el metro ligero en Medellín ($483.000 millones) y las autopistas al Mar 1 y 2, que juntas suman más de un billón de pesos. En total son 108 proyectos que no tienen una asignación específica.

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Los problemas en el Presupuesto revelados por este medio, han llevado a que diversos sectores, económicos y políticos, adviertan, por un lado, que el Gobierno Nacional no tiene las facultades para crear partidas globales a la hora de usar estos recursos y, por el otro, a pedir que los entes de control y la rama judicial actúe con celeridad para evitar mayores afectaciones a las finanzas de la Nación.

Lo primero que hay que decir es que luego de que Portafolio diera a conocer que 65 proyectos del Instituto Nacional de Vías, 24 de la Agencia Nacional de Infraestructura (de los cuales 20 vías 4G), 11 del Ministerio de Hacienda y el apoyo financiero de al menos 11 universidades públicas en el país; no quedaron discriminados dentro del Presupuesto que se expidió el pasado 29 de diciembre; el Ministerio de Hacienda salió a dar un parte de tranquilidad en lo que respecta al Metro de Bogotá.

El Minhacienda, Ricardo Bonilla, dijo que la liquidación del PGN está incluyendo todo lo que aprobó el Congreso, ya que este órgano legislativo “aprueba unas partidas globales y en medio hay una discusión sobre cuáles son las prioridades, examinando qué tanto se están ejecutando los proyectos”. En el caso puntual del Metro de Bogotá, el Ministro señaló que los recursos están asegurados. No obstante, advirtió que estos no se asignarían en su totalidad este año, debido a los retrasos que presenta la megaobra. 

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“Los recursos están asegurados. Nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse dado el nivel de retraso de la obra”, indicó Bonilla.

Así mismo, este funcionario sostuvo que la situación actual lleva al país a renegociar y revisar las deudas que se tienen en este concepto, ya que se trata de “un ejercicio de priorización que nos pidió el Presidente, hacerlo en términos de que examinemos en qué estado está cada una de esas obras y comencemos a buscar de verdad qué hacemos, porque necesitamos recursos para otras obras y hoy les estamos cerrando el espacio. Estas declaraciones, más allá de generar tranquilidad, despertaron la inquietud de expertos como el exministro, Juan Camilo Restrepo, quien señaló que “el caso de Bogotá es ilustrativo: se pegan de algún retraso que puede llevar la primera línea para desconocer el pago debido al Distrito en virtud de las vigencias futuras que se abrieron para 2024, no le giran nada al Metro este año y esas platas se van al oscuro sifón de las partidas globales”.

Restrepo advirtió que en sus declaraciones, el ministro Bonilla “reconoce qué hay partidas globales; que es lo que está prohibido. Y con gran cinismo dice que entonces le quitan la plata a los que les parece que están retrasados y la pasan a través de las partidas globales a gastos no autorizados por el Congreso”.

En lo que concierne al Metro de Bogotá, vale la pena destacar que en diálogo con Portafolio, el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, advirtió que este es un tema que hay que analizar con detenimiento, ya que hay muchos elementos en juego.

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“Entiendo que están buscando una fórmula (el Gobierno) para resolver el problema que surgió. Hoy (viernes) voy a tener una reunión con la Secretaría de Hacienda para ese tema, para analizar nosotros qué les podemos pedir para que se resuelva la duda que hay sobre el impacto que tendría para el proyecto Metro”, explicó.

Otro exministro consultado, José Manuel Restrepo, enfatizó en que esto deja claro por qué tiene que haber una correspondencia “perfecta” entre lo aprobado por el Congreso de la República y el Decreto de Liquidación, que define la inversión en detalle, al mismo nivel de detalle entre lo que aprobó el Legislativo y lo que señala ese nuevo decreto.

“Por lo que hemos conocido, no existe tal correspondencia entre lo uno y lo otro. Ahí hay una problemática que tiene que ser solucionada o por lo menos aclarada, porque de lo contrario eso significaría que este decreto no se corresponde, como lo señala la Constitución y la Ley, entre lo que aprobó el Congreso y lo que efectivamente se va a ejecutar posteriormente”, agregó.

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La polémica por este tema no se salvó de llegar al Congreso o a las Altas Cortes, ya que, por una parte, la representante Katherine Miranda envió un derecho de petición al Ministerio de Hacienda pidiendo explicaciones a varios cuestionamientos sobre las fallas en el Presupuesto 2024, que tiene en vilo la ejecución de varios proyectos.

Entre los interrogantes está saber cómo se planea subsanar el error de forma en la expedición del decreto liquidatorio de Presupuesto General de la Nación para corregir los 13 billones de pesos que no están registrados.

También cuestionó por qué se cometió este error y por qué no se dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad de expedición de la liquidación en el marco del Estatuto Orgánico de Presupuesto y cuáles han sido las indicaciones del presidente, Gustavo Petro para arreglarlo.

Así mismo, el exdirector de Crédito Público, Pedro Nel Ospina Santamaría, hizo un llamado al Consejo de Estado para que declare medidas cautelares sobre el Decreto de Liquidación (2295 del 2023), con el fin de “proteger derechos e intereses colectivos y prevenir daños irreparables”, entre otros objetivos, advirtiendo que se debe actuar pronto.

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Congreso de la República

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En medio de esta polémica también se pronunció la Cámara Colombiana de Infraestructura, cuyo presidente, Juan Martín Caicedo, dijo que es “perentoria e inaplazable la expedición del decreto de desagregación del presupuesto de la ANI-Invías para garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad del país”.

Este vocero gremial recordó que es necesario honrar los compromisos que se han adquirido con el fin de mantener la confianza y evitar una crisis por una posible fuga de capitales.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Portafolio

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