En un golpe político significativo para el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Congreso de la República archivó este martes su proyecto de reforma tributaria, conocida como Ley de Financiamiento. La iniciativa, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para cubrir el Presupuesto General de la Nación del 2026, fue rechazada en la Comisión Cuarta del Senado con 9 votos en contra y 4 a favor.
El desenlace, tras semanas de debates tensos y aplazamientos por falta de quórum, marca un duro revés para la agenda económica del Ejecutivo y deja al descubierto las dificultades de gobernabilidad en un legislativo donde la coalición oficialista no cuenta con mayoría.
La sesión, que comenzó con más de una hora de retraso por la espera del quórum mínimo, tuvo un curso previsible. A pesar de los últimos esfuerzos de ponentes como el senador Jorge Hernán Bastidas del Pacto Histórico, quien pidió tiempo para recalcar la urgencia de la ley para financiar el gasto público del próximo año, la oposición, con mayoría en las comisiones conjuntas, impulsó la votación.
Bajo el reglamento, bastaba con que una sola de las comisiones rechazara el informe de ponencia positiva para hundir el proyecto. La Comisión Cuarta del Senado cumplió ese rol, sellando el archivo de la reforma.
En un intento por hacer la propuesta más viable, el Gobierno había realizado concesiones importantes en las semanas previas. La meta de recaudo se redujo de 26,3 a 16,3 billones de pesos y se eliminaron impuestos polémicos, como los gravámenes a los combustibles (gasolina y ACPM), las deducciones por dependientes, los descuentos sobre dividendos y los impuestos a actividades de iglesias. También se suavizaron las cargas para sectores como la cerveza y se mantuvieron exenciones para vehículos eléctricos y productores artesanales de licores.
Sin embargo, estos cambios no fueron suficientes. La oposición mantuvo su discurso de que los colombianos no están en condiciones de soportar una nueva carga tributaria, argumento que prevaleció en la votación.
El archivo deja al Gobierno frente a un desafío fiscal inmediato. El hueco de 16,3 billones de pesos en el presupuesto para 2026 deberá ser cubierto mediante decretos de ajuste presupuestal que el Ejecutivo expedirá en las primeras semanas del próximo año. Esto implica, en la práctica, una reprogramación drástica del gasto y recortes que podrían afectar planes de inversión en diversos sectores, con el fin de cumplir con la regla fiscal.
Frente a este escenario, la administración Petro busca avanzar en otras iniciativas. La principal es la Ley de Reactivación Económica, que ya superó su primer debate y que, según el Gobierno, podría recaudar cerca de 6 billones de pesos, cubriendo una parte del déficit. Además, se espera que el debate de la reforma a la salud se reactive pronto en la Comisión Séptima del Senado, aunque su trámite también se anticipa complejo.
El hundimiento de la reforma tributaria no solo redefine la hoja de ruta fiscal para el próximo año, sino que intensifica la puja política entre el gobierno y el congreso, configurando un panorama de negociación tensionado de cara a la segunda mitad del cuatrienio.
