Primero , el menor resultó contagiado con el coronavirus, por esta razón fue amenazado por los grupos armados ilegales y como si lo anterior fuera poco fue desplazado de su tierra natal tanto él como su familia por lo que hoy huyen de los violentos y se ocultan en la capital de Nariño.
Se trata de un menor de 13 años de edad que resultó contagiado con el covid – 19 el pasado 9 de abril, allá en esa lejana y perdida localidad en la Cordillera Occidental, donde de pronto comenzó a ser él comentario de todos porque padecía la enfermedad, pero con el transcurrir de los días fue objeto de la peligrosa estigmatización y nada más y nada menos que por los violentos.
La ex alcaldesa del municipio de Policarpa y ahora lideresa en la zona de la Cordillera Occidental, Claudia Cabrera Tarazona, confirma el triste y lamentable hecho: “en Cumbitara se registró un menor contagiado con covid – 19, eso ya lo han dicho todas las autoridades”, pero como si la noticia no fuera tan grave para una comunidad azotada por la violencia a través de los años y marginada por los gobiernos de turno, enseguida se registró otra mucho peor, la amenaza que recibió el niño y su familia a través de un panfleto que llegó a la puerta de su casa por parte de un grupo armado ilegal.
Todos saben que la lucha por el dominio del territorio la libran desde el año anterior Los Gaitanistas y el Ejército de Liberación Nacional, Eln.
“Es que allá los grupos al margen de la ley lo que dicen es que la persona que esté contagiada con covid – 19, la van a asesinar para evitar que contagie al resto de la población”, dice y califica como una “tremenda ignorancia” esa sentencia que llegó desde las montañas vecinas hasta la pequeña localidad.
“Ellos están buscando al menor para asesinarlo a él y a todos los miembros de su familia”, advierte y confiesa que ahora toda la comunidad cumbitarense se encuentra asustada, a tal punto de que el pueblo pareciera que viviera las 24 horas del día en toque de queda, toda vez que las calles permanecen solitarias y nadie se atreve a salir por el temor al contagio con el virus y a ser blanco de los grupos al margen de la ley.
“Ahora la población tiene mucho susto, ya nadie quiere ir donde el médico, nadie quiere ir a comprar un medicamento a la droguería, nadie quiere decir nada”, admite Cabrera.
Es tal el grado de temor en la comunidad que pueden tener todos los síntomas y hasta se pueden estar muriendo, pero prefieren callar antes que la noticia del contagio llegue a oídos de los integrantes de los grupos armados ilegales que incursionan en la zona.
Así lo manifiesta Cabrera: “ellos prefieren morir con los síntomas del covid – 19 en sus casas antes que ir dónde el médico, piensan que es mejor morir con el virus que morir con una bala de un fusil”.
La cruda realidad de quienes hoy viven en Cumbitara es que solo tienen dos opciones: morir de un tiro de gracia o morirse con el coronavirus.
Cabrera no contenta con lo que viene sucediendo visitó al alcalde del municipio con el fin de saber qué acciones había adelantado, pero le respondió que realizó un consejo de seguridad para hablar sobre el tema pero no le dijo más.
Otro caso particular fue el que le ocurrió a la ex reina de Nariño, Mayeli Valencia Calderón, quien desde Cali, donde actualmente vive, denunció que en Cumbitara se había regado el rumor de que presuntamente su sobrino también se había infectado con el peligroso virus, lo que no era cierto.
Ella no lo pensó dos veces y desesperada salió a través de las redes sociales para aclarar que “ustedes saben que Cumbitara es zona roja, allí hay grupos al margen de la ley que han enviado mensajes en los que dicen que van a tomar represalias contra las personas que estén infectadas”.
Con lágrimas en sus ojos aclaraba además que “mi sobrino está bien, está sano, no tiene absolutamente nada, ni mi familia tampoco”.
Cabrera considera que es muy crítica la situación que hoy vive no solo el municipio de Cumbitara sino también Policarpa, Leiva y El Rosario, todos enclavados en la Cordillera Occidental.
Este escenario la obligó a pedir desde finales del mes de marzo la ayuda de la Fuerza Pública, pero aún no tiene certeza de que se ha hecho realidad.
Ahora le solicita a la Defensoría del Pueblo que declare la alerta temprana en ese territorio, como una herramienta que le permita a las autoridades actuar con rapidez, con el fin de garantizar los derechos humanos y proteger la vida de todos los habitantes.
“El Gobierno lastimosamente ha dejado solo a este territorio donde no hay Dios ni hay ley”, dice con voz de angustia Claudia Cabrera.
