La Procuraduría ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra el contralor de Villavicencio, Carlos Alberto López López, por presuntamente haber solicitado dinero a cambio de archivar pesquisas, un acto que ha suscitado preocupación y cuestionamientos sobre la integridad en el servicio público.
Según fuentes oficiales, López López habría utilizado su posición para exigir un pago de $100 millones al exgerente de Piedemonte, a cambio de detener una investigación en torno a una supuesta compra ilegal de inmueble.
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La Procuraduría está comprometida en determinar la veracidad de estas acusaciones y si efectivamente hubo un abuso de poder para beneficio personal.
En el mismo caso estaría implicado Eliecer Almeyda, exgerente de la Electrificadora del Meta, quien habría servido de intermediario entre el contralor y la víctima.
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La Procuraduría está examinando las pruebas para determinar la validez de estas acusaciones. Además, evaluará si las investigaciones archivadas realmente debían serlo.
