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Las investigaciones adelantadas evidenciaron que este grupo ilegal también enviaría sustancias ilegales a Ecuador.
En un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron judicializados 8 presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los 800’ quienes comercializarían estupefacientes en los municipios de Corinto, Timbío y Popayán (Cauca).
También se evidenció que la red narcotraficante acopiaba sustancias ilegales en el municipio de Corinto. El transporte de los narcóticos era realizado en carros de gamas medias y bajas para evadir los controles de las autoridades.
Una vez en Ipiales (Nariño) los cargamentos eran entregados a integrantes de la organización quienes los pasaban a Ecuador donde serían comercializados.
Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional en desarrollo de cuatro diligencias de registro y allanamiento en las que fueron incautados celulares y dos motocicletas, las últimas afectadas con fines de comiso.
La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir con fines de microtráfico y narcotráfico; tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Ninguno de los cargos fue aceptado por los procesados.
Los procesados son: Esnover Vega Santiago, Andrea Cerón Zúñiga, Miguel Ángel Alegría Ospina y José David Alegría Ospina a quienes les fue impuesta medida de aseguramiento carcelaria. Entre tanto Alexander Ruiz Cerón, Miguel Eduardo Agredo Enríquez, Nasly Lizeth Osorio Ordóñez y Miguel Cruz Bolaños, deberán cumplir la medida en sus lugares de residencia.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/MAGA/GAMM/DSC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
