La Procuraduría General de la Nación ha emitido un llamado de atención contundente a la Alcaldía de Buenaventura, especialmente a la alcaldesa Ligia del Carmen Córdoba y a la Secretaria de Seguridad y Convivencia Liliana Vivas Paz, exigiendo mejoras inmediatas en los centros temporales de detención de la ciudad.
Tras una inspección a tres de estos centros, la Procuraduría encontró evidencias de violaciones de derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Lugares como la estación de Policía Bodega Marte, Guarda Costas del Pacífico y el Centro de Reflexión mostraron condiciones precarias, incluyendo hacinamiento, falta de alimentación adecuada, atención médica insuficiente y problemas estructurales como la carencia de baños adecuados.
El reporte oficial de la Procuraduría resalta la necesidad urgente de tomar medidas concretas para abordar esta crisis carcelaria y garantizar condiciones dignas para los detenidos. Se hace hincapié en las recomendaciones previas hechas durante una mesa de seguridad realizada el pasado 13 de febrero, así como en el llamado de la Corte Constitucional para incluir recursos y medidas en el Plan de Desarrollo que aborden esta situación.
La Procuraduría ha solicitado a la administración distrital considerar la posibilidad de firmar un convenio de integración de servicios que permita mejorar las condiciones de los detenidos, sin dejar de lado la supervisión y vigilancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Este llamado de la Procuraduría refleja la urgencia de abordar la crisis carcelaria en Buenaventura y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluso aquellos que se encuentran en proceso de definir su situación jurídica.
