Un nuevo capítulo en el escándalo de Gestión del Riesgo se abrió este viernes -26 de julio- luego de que la Procuraduría General de la Nación anunciará que abrió investigación preliminar contra varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno Nacional, entre ellos el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presunta participación en los hechos irregulares que está revelando la Fiscalía.
Según este organismo de control, el proceso de requerirá, además de Bonilla González, al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González; sobre quienes se tratará de revisar si direccionaron contratos para favorecer a congresistas, a cambio de la aprobación de las reformas sociales y otros proyectos.
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“Por los mismos hechos la Sala Disciplinaria de Instrucción vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero; y a los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera, Juan Pablo Gallo Maya, y Germán Rogelio Rozo Anís”, dice el comunicado.
La Procuraduría argumentó los empleos para responder por un proceso de Gustavo Petro.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
“La Procuraduría vinculó a la exconsejera Presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, a la indagación previa en el expediente que se abrió contra los congresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés Davids Calle Aguas, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito por la UNGRD para la compra de 60 carrotanques para trasladar agua potable a La Guajira”, agregó esta entidad.
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Este requerimiento contra el ministro Ricardo Bonilla se suma al proceso que arrancó la semana pasada la Fiscalía General de la Nación por este mismo caso, luego de que fuera salpicado en ese escándalo al conocerse chats en los que son mencionados para desviar recursos de la entidad a pagos a congresistas con el fin de que aprobaran proyectos del Gobierno Petro.
Minhacienda – Ricardo Bonilla.
Un rol determinante
Cabe recordar que en la audiencia realizada el pasado 25 de julio ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía se refirió a algunos funcionarios del gobierno Petro que estarían involucrados en el caso y quienes, presuntamente, habrían dado la orden para entregar dineros a congresistas, y entre esos destacó que Bonilla González habría jugado un ‘rol determinante’.
«Usted, señor Sneyder, coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, contratos para los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes, Julio Elías Chagui, Wadith Manzur Imbett, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla», explicó la fiscal Andrea Muñoz en su intervención.
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El escándalo en la UNGRD comenzó cuando medios locales revelaron en febrero la supuesta malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Carrotanques
A eso se suma la revelación de que dinero de esa entidad fue utilizado para pagar sobornos a los expresidentes del Senado, Iván Name (Alianza Verde), y la Cámara de Representantes, Andrés Calle (Partido Liberal) y otros congresistas a cambio del apoyo en el Congreso para las reformas sociales del presidente Gustavo Petro.
