El martes 5 de abril, Lima amaneció con las calles vacías debido a que el presidente Pedro Castillo anunció al filo de la medianoche una inmovilización social obligatoria en la capital por 24 horas debido a las tumbas protestas ciudadanas que se registraron el día anterior en la capital de Perú y en distintos puntos del país.
Además, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, «suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito».
Sin embargo, ante la presión ciudadana y del Congreso, Castillo decidió derogar el decreto en horas de la tarde.
No faltaba menos, miles de personas se movilizaron por las calles de Lima para exigir la renuncia de Castillo. Inicialmente, la protesta fue pacífica pero, por la noche, una turba de vándalos se enfrentó con la Policía y destruyó las sedes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y el Jurado Nacional de Elecciones. También se realizaron saqueos en distintas tiendas.
El saldo de la brutal gresca fue siete detenidos y una vez heridos.
Ahora, la pregunta es: ¿A qué se debe la decisión de Castillo de paralizar la capital del Perú? Te explicamos el origen del problema y las consecuencias futuras del clima de inestabilidad en el país.
Alza de precios
En la ciudad de Huancayo comenzó un paro de transportistas de carga por el alza de los combustibles hace una semana. Mientras la atención estaba puesta en la moción de vacancia contra el presidente, en ese punto de la región de Junín surgieron protestas por el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Además, los agricultores también protestaban por el alto precio de los fertilizantes para sus alimentos.
El clima de tensión estalló el viernes. En unas polémicas declaraciones, Castillo calificó como “gente pagada” a los que protestaban en Huancayo que apuntaban a derribar su gobierno. Esto utiliza la enardecida reacción de la gente de la ciudad que hubo bloqueo de las carreteras, destrozos a entidades públicas y privadas y saqueos a tiendas. Además, se reportaron cuartos muertos producto de los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
El Gobierno envió el sábado una delegación con el fin de calmar el problema. Sin embargo, los transportistas querían la presencia del presidente Castillo, quien después se disculpó y prometió su llegada a Huancayo este jueves. Finalmente, hubo un acuerdo y se levantó el paro con los transportistas de carga.
Pero el problema no terminó del todo.
Otro sector de transportistas informales llamó a una movilización nacional para el martes y este miércoles. Exigieron un pliego de reclamos como también el alza de los combustibles, la anulación de los peajes, la ampliación de sus licencias por 10 años, y la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías. Ambas adscritas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Una vez más, la escalada de violencia se ejercerá en la Carretera Central que conecta Lima con varias regiones de Perú. Allí se volvió a enfrentar la Policía y los transportistas por sus demandas. Por citar algunos, Trujillo, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Moquegua y Piura también hubo desmanes y bloqueos de las carreteras. Por este panorama crítico, el presidente Castillo pudo ordenar un toque de queda para evitar más movilizaciones que pudieran tornarse violentas y dejar pérdidas humanas que, hasta el momento, suman cinco.
Lejos de aplacar la ira, las escasez de alimentos en los mercados y el caos en los hospitales fueron las postales de una medida tan controvertida que solo se había ejecutado durante el 2020 para frenar el avance del COVID-19.
falta de estrategia
Una de las críticas que se le ha hecho al Gobierno es su falta de hoja de ruta para afrontar los conflictos sociales en Perú.
Según la Defensoría del Pueblo, hay 203 casos activos en el país. En paralelo a lo que ocurrió con los transportistas, también se informó recientemente que 500 personas se levantaron en Cusco contra la construcción del Aeropuerto de Chinchero y en Moquegua también hay una paralización de más de un mes de la mina Cuajone, que aporta el 7% de la producción de cobre, con la Comunidad Campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.
“El Gobierno no tiene una política clara frente a la conflictividad social”, dijo Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial, a la VOA. Recuerda que, cuando ejerció la carga durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, los conflictos con los transportistas u otros gremios como los agricultores, los cocaleros y los cafetaleros de la selva central debían tener un enfoque transversal para llegar a soluciones. Consideró que la actuación actual del Estado es bajísima y eso ha provocado la impaciencia de la gente al ver una gestión muy débil y desorientada como la de Castillo para atender sus demandas.
El exviceministro apuntó que para afrontar las protestas se necesita una cadena de intervención progresiva.
“Nunca un ministro debe ir a la calle a discutir con gente sin saber quiénes son. Para eso manda personal técnico para que puedan identificar voces con algún liderazgo para solucionar el conflicto”, dijo Molina y enfatizó que esta tensión social se está convirtiendo en algo político que puede afectar la gobernabilidad del país.
“El Gobierno está abordando una ruta que podría acelerar su salida. No tiene rumbo ni veo la capacidad para tenerla”, menciona Molina.
El especialista cuestionó que el primer ministro Aníbal Torres no ha tenido un rol preponderante en esta crisis y que no tiene la paciencia y tolerancia para lidiar con un país tan complejo como Perú.
“El Ejecutivo es un equipo que tiene con una política en conjunto. Lo lidera el presidente y se apoya en los ministros, si eso no está ocurriendo hay un grave problema”, agregó.
Posible sanción
La medida del presidente Castillo de paralizar la capital de Perú también ha despertado un debate si fue legal o no.
En declaraciones a la Voz de América, el abogado Omar Cairo dijo que la constitucionalidad de la norma adoptada por el presidente Castillo dependía bastante de la información que se poseía sobre nuevos disturbios que se iban a generar en Lima. “Si no hay una explicación solvente, entonces era inconstitucional. Y el presidente habría incurrido en infracción a la Constitución y, por lo tanto, el Congreso podría abrirle un juicio político –cuya duración es dos meses- que acabaría con su suspensión o destitución del cargo”, dijo.
Los congresistas han solicitado el acta de la sesión del Consejo de Ministros, en la que se dedicó por la paralización por un día. Además, ya recolectan firmas para interpelar al primer ministro Aníbal Torres, quien deberá explicar la posición del Gobierno y cuál es el plan de cara a los conflictos sociales que están a un paso de estallar. Por lo pronto, para el jueves 7 de abril, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) anunciaron sendas marchas con el fin de exigir que se aumente el salario mínimo y se cumplan las promesas de Castillo.
vulnerabilidad politica
“El Gobierno solo agrava los problemas y alimenta el enojo de la gente. Es una clara confesión de incompetencia. Se está vacando solo”, dijo Jorge Nieto, exministro de Defensa, a la VOA. Para él, Castillo está aislado y es evidente su incapacidad para gobernar.
“El presidente entiende que gobernar es, básicamente, repartir partes del poder que tiene. Es decir, sectores o responsabilidades del gobierno entre los distintos grupos que, por distintas razones, lo rodean o le son actores a los que tienen cerca”, agrega Nieto. El exministro enfatizó que cuando la sociedad esté desesperada, va a pedir que se vayan todos y nuevas elecciones generales como ya está ocurriendo en el país.
«Su renuncia se hace necesaria», opina Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la VOA. Para él, también expresidente de la Comisión para la Reforma Política, la permanencia de Castillo “es solo garantía de inestabilidad, desgobierno y mantención de reductos de la corrupción”.
“Es una presidencia donde hay improvisación, falta de transparencia y desorden para guiarse en grupos de referencia que le permiten elegir bien a sus funcionarios. Lo primero que hizo al asumir su carga fue repartir cargas a sus allegados”, agregó. Tuesta agregó que una salida es que haya un acuerdo nacional para salir de la crisis dentro del marco de la Constitución y las leyes.
En ese marco, Tuesta es partidario de nuevas elecciones con la aplicación de una reforma política integral que no sea modificada a intereses subalternos de los partidos ni del Congreso, donde en las últimas semanas se han dedicado a debilitarla con el fin de que no tendrán problemas de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre.
Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), más del 80% de ciudadanos cree que la única salida a la crisis es la convocatoria de nuevas elecciones. No resulta para menos: el 68% desaprueba al presidente Castillo y el 80% tiene una postura similar con el Congreso. El clamor en la calle es evidente: Que se vayan todos.
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