El Gobierno de Gustavo Petro ha presentado ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto de reforma de servicios públicos en Colombia, que busca modificar la Ley de Servicios Públicos en el país. Este proyecto, compuesto por 140 artículos, contempla diversas propuestas que han generado debates y controversias en la sociedad colombiana.
Una de las propuestas más polémicas del borrador del proyecto es la asignación de facultades al Presidente de la República para regular directamente los servicios de agua, alcantarillado, gas natural y luz eléctrica. Esta medida ha generado preocupación sobre el grado de intervención estatal en la gestión de los servicios públicos.
Además, la reforma busca fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, otorgándole mayores capacidades de sanción y vigilancia sobre las empresas prestadoras de servicios públicos a nivel nacional. Se busca que el eje del servicio público sea el ciudadano y no los intereses empresariales.
Entre las propuestas específicas del proyecto se encuentra la creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural, así como la instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios. También se plantea la conformación de comunidades energéticas para impulsar la transición hacia energías renovables.
Otro aspecto relevante del proyecto es la creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios (EICE ESP), lo que podría cambiar la dinámica de la prestación de servicios en el país.
Sin embargo, algunas de estas propuestas han generado críticas, especialmente en lo que respecta a la regulación directa por parte del Gobierno y el aumento en el valor de las sanciones, que podrían tener un impacto significativo en las empresas prestadoras y los usuarios.
La presentación y discusión de este proyecto en el Congreso será crucial para determinar su viabilidad y su impacto en el panorama de los servicios públicos en Colombia.
