La orden del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de extinguir todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos para redirigir recursos por cientos de millones de pesos y usarlos en la consolidación de programas sociales, entre otros, sorprendió al país.
Y es que la cantidad de dinero que involucran este tipo de partidas del gobierno federal incluyen aquellos que afectan las pensiones, planes contra desastres naturales y emergencias de salud, así como mecanismos de deuda pública. Sin embargo, ninguno de ellos se va a ver afectado por el Decreto.
“Solamente se van a extinguir los fideicomisos que no tengan estructura. Significa que se cancela el contrato con la entidad financiera que se encontraba administrándolo y eso tendrá que ser regresado a la Tesorería«, explicó a Infobae México el especialista en economía Carlos Alberto Bandala.
“Hay fondos que tienen que ver con compromisos laborales, como pensiones, además de planes de contingencia sanitaria o de emergencias naturales, o incluso aquellos que haya sido constituidos como mecanismos de deuda pública que no se van a tocar”, aseguró.
La extinción o terminación de estos fideicomisos requiere de reformas constitucionales o legales. En el mismo apartado también se exlcuyen los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Es por ello que la discrepancia de cifras ocurrió en las últimas horas. Tras la publicación del Decreto, se informó que los fideicomisos involucrados tenían un monto total de más de 740,000 millones de pesos. Sin embargo, este viernes, el presidente López Obrador señaló que su gobierno podría reunir “alrededor de 250,000 millones de pesos”.
Bandala explicó además que el Decreto publicado permite a los titulares de las diferentes dependencias federales fundamentar una petición a la Secretaría de Hacienda (SHCP) para no desaparecer ciertos fideicomisos específicos en caso de que ésta última considere válidos los argumentos.
“Únicamente en los casos estrictamente necesarios podrá remitirse la solicitud de excepción correspondiente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, adjuntando la justificación debidamente fundada y motivada, y de la cual se enviará copia a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP)”, indica el artículo 4 del Decreto.
“El titular de la Secretaría de Hacienda emitirá la autorización expresa para ejercer o comprometer recursos públicos federales con cargo al patrimonio de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal”, se detalla.
“En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entenderá como no autorizada”, finaliza el apartado.
El mandatario mexicano expresó que estos fondos ayudarán a fortalecer los programas sociales y “mirar por los pobres”. Además, ayudarán “a la recuperación económica, los créditos, todo lo que va a la industria de la construcción”, detalló.
Y es que México atraviesa, como el resto del mundo, la pandemia de coronavirus que ha dejado 1,510 casos confirmados de COVID-19 y 50 muertes a causa del padecimiento, lo cual ha obligado a las autoridades a decretar una emergencia sanitaria y la suspensión de las actividades no esenciales en el país hasta el próximo 29 de abril.
Esto ha causado que la economía comience a contraerse y, sin miras a un pronto regreso a la normalidad debido a que se espera una “epidemia larga” que tenga meses de duración, la actual administración se encuentra acopiando recursos económicos para combatir la incertidumbre financiera y social.
El tabasqueño de 66 años también aseguro que el dinero redireccionado busca “apuntalar Pemex”, la compañía productiva del estado que ha mostrado números rojos en los últimos años, además de que el dinero que retornará a Hacienda ayudará «a pagar la deuda” del país.
La actual administración aseguró que este tipo de fondos “anidaron corrupción” en “el pasado régimen”, de acuerdo con las palabras de la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval. “Fueron usados para esconder cuantiosos recursos públicos”, dijo, y calificó el Decreto del jueves como un “acto histórico”. El dinero tendrá que ser regresado a Hacienda a más tardar el 15 de abril próximo.
Sin embargo, la oposición y los críticos del presidente mexicano piensan diferente. La politóloga Denise Dresser coincidió en que “había corrupción en fideicomisos públicos y era necesario combatirla”. “Pero no así. Se requería bisturí y no machetazos, porque recortarán programas cruciales. Peor aún si los recursos obtenidos van a Pemex y no a financiar una política de protección al empleo frente a la crisis”, escribió en sus redes sociales.
Además, la legisladora señaló que no hay claridad sobre la extinción y la redistribución de ese dinero. “Cuántos, de cuáles, a quiénes se van a afectar, de qué compromisos hay con terceros, a propósito de estos fideicomisos y sobre todo de cuáles van a ser las reglas de transparencia entre esa extinción de fideicomisos y la asignación de recursos”, destacó.
