El sector educativo de Colombia viene reflejando nuevas preocupaciones en torno a la Ley Estatutaria en educación que se está debatiendo en el Congreso de la República. Así lo confirmó el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana quienes además calcularon que se necesitarán al menos $40,8 billones para implementar el articulado.
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Volviendo a la base de la reforma, el Gobierno está buscando que la educación sea un derecho o deber fundamental de todos los colombianos, a través de un proyecto de ley con el que pretende aumentar la cobertura, calidad y pertinencia del sector en todos los niveles y en todas las personas.
Sin embargo, como lo mencionó el Laboratorio, existen diversas dudas respecto a la financiación de la reforma puesto que sobre el concepto del Ministerio de Hacienda se indica que no tiene objeciones de tipo presupuestal, “con fundamento en que en el Proyecto no existen disposiciones que ordenen gastos adicionales u otorgan beneficios tributarios”.
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De acuerdo con Gloria Bernal, directora del LEE, resulta “extraño” que un proyecto que promete aumentar la cobertura, calidad y pertinencia de la educación sea conceptuado por el Minhacienda sin costo asociado a su implementación.
“Es irresponsable no tener una estimación de los gastos, una mínima planificación de cómo sería la implementación de la ley que hasta el momento se proyecta como una promesa incumplida con potenciales perjuicios para la calidad y cobertura educativa en algunos niveles educativos”, apuntó.
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Hay dudas respecto a la financiación de la reforma puesto que sobre el concepto del Ministerio de Hacienda se indica que no tiene objeciones de tipo presupuestal.
Vanexa Romero – El Tiempo
Según los cálculos realizados por el Laboratorio, en detalle el sistema de educación necesitaría $9,3 billones adicionales al año solo para la educación inicial. Para el caso de la básica se requerirán $3,3 billones más anuales y la para la media se deberán agregar $4,04 billones más. En materia de educación superior, este es el rubro con más necesidades por al menos unos $24,4 billones.
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Vale la pena detallar que estos serían los montos requeridos para financiar la ampliación de la cobertura para todos los niveles educativos por año. Así, el cálculo se realizó con precios de 2024, asumiendo el ingreso al sector de toda la población no cubierta hasta los 21 años, por estadios educativos, acorde a su edad en el año 2025, y por solo un año.
Ahora bien, en lo que confiere al Minhacienda, este por medio de un concepto emitido aseguró que no cuentan suficiente información para establecer el impacto fiscal del proyecto de ley.
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Incluso, mencionan el Sistema General de Participaciones, es decir, lo que se está girando desde el Gobierno para pagar a los maestros, ha tenido el déficit histórico más alto en los últimos gobiernos. Con base en el concepto en 2022 el déficit fue de $1,3 billones, en el 2023 de $3,8 billones y el de 2024 va en $3,3 billones.
El Sistema General de Participaciones, es decir, lo que se está girando desde el Gobierno para pagar a los maestros, ha tenido el déficit histórico más alto en los últimos gobiernos.
Milton Díaz – El Tiempo
Por su parte, actores del sector como José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, dijo que con el concepto de la cartera, hoy “no es claro entonces de dónde saldrán los recursos para garantizar el derecho fundamental de la educación en todos los niveles”.
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Agregó que “¿cómo tramitar la norma sin aval o medición de impacto fiscal cuando esta es una exigencia legal? ¿Cómo evitar que el proyecto de ley no sea más que una ‘casa en el aire’?
Teniendo en cuenta que este proyecto de ley ya fue aprobado en los debates de la Cámara, y ahora pasó a discusión en Senado, la congresista Paloma Valencia advirtió que el “Gobierno está haciendo una política irresponsable, donde reconoce que no sabe cuál es costo de Ley Estatutaria de Educación”.
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“No se pueden seguir aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuál es su impacto fiscal; para después estar hablando de reformas tributarias o romper la regla fiscal”,dijo. Añadió que según los cálculos del LEE, este articulado constaría al menos tres reformas tributarias.
?El gobierno está haciendo una política irresponsable, reconoce que no sabe cuál es el costo de la Ley Estatutaria de Educación. No se pueden seguir aprobando proyectos sin saber ni siquiera cuál es su impacto fiscal; para después estar hablando de reformas tributarias o romper… pic.twitter.com/ME3hGGM5pw
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 21, 2024
De acuerdo con el análisis de la directora del LEE actualmente se reconoce el esfuerzo del Gobierno por establecer una Ley Estatutaria, sin embargo, las buenas intenciones pueden quedar diluidas por aspectos de vicio legal, inhabilidad fiscal y regresividad en materia de calidad y equidad, en la práctica.
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“Se invita a los ponentes de la ley a considerar el compromiso con una implementación fiscalmente responsable, estratégicamente focalizada, guiada por indicadores de calidad y articulada con los diferentes actores (públicos y privados) que hoy componen el sistema de educación colombiano”, señaló la directora Bernal.
Por su parte, Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, manifestó que el proyecto no es una ley visionaria ni innovadora dentro del marco jurídico que le permita al país la creación de un sistema educativo que responda a los retos de la formación en las sociedades modernas.
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Dicen que el proyecto no es una ley visionaria ni innovadora que le permita al país la creación de un sistema educativo que responda a los retos de la formación.
Cesar Melgarejo – El tiempo
“Difícilmente este gobierno logrará, en los dos años que le quedan, progreso en materia educativa, pues hasta la fecha no ha mostrado avances en el cumplimiento de sus metas del Plan Nacional de Desarrollo ni se ha destacado por diseñar alguna política pública que le apunte al menos a atender uno de los tantos rezagos que tiene el sector educativo”, argumentó.
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Además, los expertos del sector aseguraron que los problemas base de este proyecto de ley radican en el desfinanciamiento estructural, que viene desde hace aproximadamente 20 años y que en esta reforma tampoco se aborda adecuadamente.
Agregan la falta de desarrollo concreto del documento, así como también la necesidad de mejora para garantizar el derecho a la educación que el país se merece. Teniendo en cuenta que este no tendría las herramientas suficientes, como por ejemplo, para transformar la educación media, que en este proyecto no ha sido contemplada.
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