Bogotá, Colombia – 9 de agosto de 2024 – La reforma a la ley de servicios públicos se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del «gran acuerdo nacional» propuesto por el presidente Gustavo Petro. Junto con la reforma de la salud, la implementación del acuerdo de paz y la lucha contra la corrupción, esta iniciativa busca transformar estructuralmente el sistema de servicios públicos en Colombia, con un enfoque especial en la reducción de las tarifas de energía eléctrica.
Desde que asumió la presidencia, Gustavo Petro ha planteado la necesidad de reformar la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios en el país. Sin embargo, a pesar de que ya se ha anunciado esta reforma en múltiples ocasiones, aún no se ha radicado el proyecto de ley ante el Congreso de la República. Mientras tanto, el gobierno de Petro ya ha comenzado su tercer año de mandato, lo que ha generado expectativas sobre cuándo finalmente se concretarán estos cambios.
Uno de los principales objetivos de esta reforma es implementar medidas que permitan bajar las tarifas de energía eléctrica que actualmente pagan los colombianos. Según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el problema estructural que enfrenta el país radica en la aplicación del modelo neoliberal, que ha privatizado los servicios públicos y, en particular, el sector energético. Esta privatización, afirma Camacho, ha llevado a que algunos sectores de la economía y empresas «expropien los bolsillos de los colombianos».
El gobierno busca, mediante esta reforma, reorientar la regulación de los servicios públicos hacia el bienestar de los ciudadanos, dejando de lado la visión de negocio que, según las autoridades, ha predominado en las últimas décadas. El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, ha reconocido que la participación del sector privado permitió aumentar la cobertura de energía eléctrica y agua potable en el país, pero también ha señalado que con el tiempo los servicios públicos han sido vistos más como una fuente de lucro que como un servicio esencial.
El proyecto de ley establecerá que las comisiones de regulación deben fijar un régimen tarifario especial para las comunidades organizadas y los productores marginales que prestan servicios públicos. Esta medida pretende aliviar la carga financiera de los usuarios y evitar que las tarifas sean impuestas de manera arbitraria por las empresas privadas.
Otro cambio significativo propuesto es la modificación en el cobro de servicios adicionales, como el alumbrado público, que actualmente se suman a la tarifa de energía eléctrica, inflando las facturas. Según la nueva propuesta, estos cobros se realizarían bajo un código de pago diferente, lo que permitiría a los usuarios identificar claramente los cargos correspondientes a cada servicio.
Además, se introducirán nuevas condiciones regulatorias que permitan revisar las fórmulas tarifarias cuando su aplicación afecte a las empresas o a los usuarios, evitando abusos en el alza de tarifas. También se plantearán condiciones especiales para la integración de generadores y transportadores del servicio de energía eléctrica.
Otro aspecto clave de la reforma es la modificación de los requisitos para ser comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Actualmente, la ley exige que los comisionados tengan experiencia en cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético por un periodo igual o superior a seis años. Sin embargo, el gobierno de Petro no es partidario de nombrar a expertos que hayan trabajado en el sector privado, y busca cambios que permitan un enfoque más alineado con los intereses del sector público.
Una propuesta adicional en esta reforma es la posibilidad de que el internet que llega a los hogares sea catalogado como servicio público domiciliario, lo que lo pondría bajo la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en lugar de la Superintendencia de Industria y Comercio, como es actualmente.
En un esfuerzo por aliviar la carga financiera de los hogares más vulnerables, el presidente Gustavo Petro ha anunciado que la Nación asumirá 2,7 billones de pesos que los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 deben a las empresas por la opción tarifaria. Para que esta medida sea una realidad, será necesario presentar un proyecto de ley ante el Congreso.
