La Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), por intermedio de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, suscribió ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, una propuesta de siete puntos para reactivar la economía colombiana.
El eje de esta iniciativa se basa en la inversión en infraestructura, que para la Cámara se erige en una condición necesaria para garantizar mayores niveles de crecimiento y desarrollo económico.
Según la CCI, este sector es clave como motor dinamizador de la economía dada su condición contracíclica.
(Política contracíclica del Gobierno: las dudas sobre su hoja de ruta).
A continuación, los siete puntos principales de la propuesta:
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El presupuesto básico de la seguridad jurídica
Para la Cámara Colombiana de Infraestructura, la seguridad jurídica es presupuesto básico para la reanimación de la infraestructura de transporte. Además considera que se requiere de la pronta actualización de las tarifas de peaje y la cancelación de vigencias futuras a concesiones.
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Si bien es cierto que, a la fecha, el programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) registra un avance promedio de 74,4%, se deben priorizar las soluciones para aquellos proyectos que hoy, por decisiones pendientes en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no han logrado su cierre financiero o la ejecución de obras no marcha según los cronogramas previstos.
Entre ellos, por tan solo citar algunos ejemplos, se encuentran las concesiones Santana-Mocoa-Neiva, Mulaló-Loboguerrero, Bucaramanga-Pamplona, la iniciativa privada Girardot-Ibagué-Cajamarca y la Perimetral de Oriente de Cundinamarca.
Para la CCI, resulta fundamental garantizar los cronogramas de obra contractuales en los proyectos adjudicados de la quinta generación de concesiones (5G): Malla Vial del Valle-Accesos de Cali y Palmira, IP ALO Sur, Accesos Norte de Bogotá Fase II, Puerto Salgar-Barrancabermeja, Barrancabermeja-San Roque, Buga-Buenaventura, Canal del Dique y Ruta Caribe II.
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Según la CCI, en la actualidad la ANI cuenta con un pipeline de proyectos en etapas avanzadas de estructuración, los cuales suman cerca de $22 billones. Su adjudicación y, por consiguiente, construcción puede generar cerca de 620.000 empleos directos, indirectos e inducidos.
A este respecto, la CCI sugiere un “plan especial”, también al interior de la ANI, para avanzar con prontitud en la respectiva aprobación de los proyectos. Es el caso de proyectos carreteros como Pasto-Popayán, Villeta-Guaduas e IP Conexión Centro, proyectos férreos como La Dorada-Chiriguaná y proyectos aeroportuarios como IP Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, IP Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés, IP Nuevo aeropuerto de Cartagena, IP Aeropuerto de Cali, IP Campo de vuelo e IP El Dorado Max, los cuales son ejes fundamentales para darle un impulso al sector concesionado y garantizar la tan anhelada conectividad del territorio nacional.
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para la ejecución de los proyectos a cargo del Invías
Además de las importantes inversiones en los referidos programas de cuarta y quinta generación de concesiones, entre 2023 y 2030 se invertirán cerca de $43 billones en programas de obra pública como ‘Caminos Comunitarios para la Paz’, ‘Colombia avanza’ y ‘Legalidad y reactivación 2.0’, entre otros.
Al respecto, bien vale la pena destacar el potencial económico y social que generan las pequeñas y medianas empresas de ingeniería: generación de empleo, reducción de la informalidad y estímulo al crecimiento económico. Según el Dane, el 90% del sector productivo colombiano está conformado por pymes ubicadas en su gran mayoría en ciudades y municipios distintos a Bogotá, generan cerca del 40% PIB nacional y concentran más del 80% de la fuerza laboral en el país.
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A efectos de garantizar mayores niveles de conectividad en el corto y mediano plazo, se requiere de una coordinación estrecha entre el Gobierno nacional y local con el fin de apalancar proyectos estratégicos en los cuales converjan las diversas fuentes de recursos (Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Participaciones y Sistema General de Regalías).
Sobre el particular, debe precisarse que, con corte a julio de 2023, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el sector transporte ha pagado el 28,5% ($4,2 billones) de su apropiación vigente ($14,8 billones).
De lo anterior, es posible inferir, señores ministros que, de confluir la efectiva y eficiente asignación y apropiación de los recursos en mención con la definición de proyectos estratégicos, se lograrían consolidar importantes avances e impactos positivos en materia de bienestar social en las regiones.
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Se hace imperativo revisar prontamente la efectividad del Sistema General de Regalías.
Lo anterior, dado que no se compadece con la escases de recursos, el hecho de que a la fecha aún cuenta dicho sistema con más de $16 billones sin asignar. Equivale ello a una dramática paradoja, de cara al notorio déficit de infraestructura y vías en las regiones, especialmente las más necesitadas y apartadas.
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Lo anterior, porque salvo la ciudad de Bogotá D.C., las ciudades capitales no evidencian inversiones notables en infraestructura de transporte. Se requiere, entonces, de un mecanismo eficaz de coordinación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, a fin de apalancar la financiación de proyectos estratégicos en los cuales converjan las distintas fuentes de recursos.
Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes, no sin antes reiterar la entusiasta disposición del gremio para que, de forma mancomunada, y de la mano con el Gobierno, podamos sacar adelante los propósitos aquí planteados.
