La Superintendencia Nacional de Salud dio a conocer, este martes 21 de mayo, que ordenó imponer medida cautelar en contra de la fiduciaria la Previsora S.A. (Fiduprevisora) y el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
(Vea: Fecode reconoce traumatismo en el nuevo modelo de salud implementado en el magisterio).
La decisión se tomó, agregó la entidad, luego de recibir más de 2.100 reclamaciones por parte de los usuarios del Fomag en menos de 20 días y tras no recibir respuesta a 11 requerimientos que realizó, esto en el «marco de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Supersalud y de acuerdo con lo estipulado por la normatividad vigente, la cual avala las medidas cuando la vida de las personas esté en riesgo, tal y como está sucediendo con los usuarios de este régimen especial«.
Con la medida cautelar, el Fomag tendrá que responder, «de manera inmediata», las 2.100 reclamaciones y «los demás que se están presentando».
Al respecto, Luis Carlos Leal Angarita, el superintendente Nacional de Salud, afirmó que «el objetivo principal de este tipo de medida es la eliminación de cualquier tipo de barrera que esté afectando en este momento la adecuada atención de los pacientes, garantizando continuidad y calidad en la prestación de servicios de salud«.
(Vea: ‘Es improvisado’: alertas de la PGN sobre nuevo modelo en salud para docentes públicos).
Luis Carlos Leal Angarita, superintendente Nacional de Salud.
Archivo particular
Los efectos de la medida cautelar
La Superintendencia otorgó un plazo máximo de 72 horas a la Fiduprevisora y al Fomag para cumplir con la medida cautelar y, para garantizarlo, ambas entidades «deberán presentar un informe detallado, el cual no podrá superar los cinco días hábiles siguientes a la notificación, en el que se tendrá que incluir el trámite y los resultados efectivos de la prestación de los servicios a los usuarios afectados«.
(Vea: Revelan audios del Minsalud en los que reconoce ‘caos’ en el sistema del magisterio).
A finales de abril, la Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió una serie de alertas con relación al sistema. El principal reparo del Ministerio Público se enfocó en las inconsistencias operativas y en contratación que podría tener el plan del Gobierno.
«La transición que pretende hacer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es improvisada al no tener claridad en temas esenciales como la conformación de la Red Nacional de Prestadores de Servicios de Salud de la que aún no hay nada concreto y ni siquiera ha sido presentada ante el Consejo Directivo», sostuvo en su momento.
La PGN también hizo algunas advertencias respecto a la estructuración del modelo. De acuerdo con el ente de control, «no hay precisión en torno a la cantidad de personal que demandará, tampoco del presupuesto destinado, ni de quienes estarán a cargo de la supervisión a nivel regional y local que administren la base de datos y autorizaciones de cada uno de los servicios prestados».
(Lea más: ‘Es improvisado’: alertas de la PGN sobre nuevo modelo en salud para docentes públicos)
El sindicato de los maestros ha dicho que la transición no ha sido fácil ya que se han presentado traumatismos.
Mauricio Moreno – El Tiempo
Sin embargo, la Procuraduría no fue la única en pronunciarse respecto al nuevo sistema. A estos reparos se sumaron los señalamientos de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) con relación a los cambios.
El sindicato de los maestros ha dicho que la transición no ha sido fácil, ya que se han presentado traumatismos en varios aspectos como la dispensación de medicamentos, sedes de atención, referencia y contrarreferencia, entre otros.
Fecode también ha mencionado que las dificultades en el sector docente han aumentado, especialmente por el desconocimiento sobre cómo va a funcionar este sistema de régimen especial.
“Estos son aspectos que sintetizan gran parte de los males que aquejan a más de 800.000 afiliados en todo el país, sometidos por años a la no entrega de medicamentos, no programación oportuna de cirugías y procedimientos, inoportunidad de citas por medicina especializada, entre otros”, argumentan.
(Vea: Cruz verde lanza campaña para llegar a zonas apartas del país).
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