Redacción BL
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bogotá suspendió de manera provisional el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Reverdecer a Bogotá 2022-2035 expedido por la alcaldesa Claudia López a través del decreto 555 del 29 de diciembre de 2021.
De esa forma, el juez Samuel Palacios Oviedo accedió a la solicitud del exsecretario de Gobierno y hoy senador electo Miguel Uribe Turbay, quien había demandado a mediados de febrero el decreto distrital.
(Por POT se buscará vivienda fuera de Bogotá: Camacol).
“Decretar la suspensión provisional de los efectos del Decreto Distrital 555 de 2021 por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., proferido por la señora Alcaldesa Mayor de Bogotá D.C.», señaló el juez en su decisión.
Miguel Uribe había indicado en la demanda que “Claudia López expidió el Plan de Ordenamiento Territorial sin competencia legal, poniendo en riesgo la reactivación económica y destruyendo la planeación de la ciudad”. Anoche, Uribe insistió en señalar que la mandataria no tenía la facultad legal para expedir el POT por decreto y que la medida provisional implica que mientras se toma la decisión de fondo sean suspendidos los efectos del POT, “para evitar que haya un daño irremediable a la ciudad”.
“La decisión del juez lo que indica es que ve las razones para suspender el decreto teniendo en cuenta que mi argumento jurídico fue contundente y está bien elaborado”, dijo Uribe Turbay.
En el mismo sentido se refirió Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, quien dijo que “una decisión como esta nos deja con una norma firme con la que se puede trabajar, que son las que venían con el decreto 190 y todos los decretos complementarios.
“Lo que debemos empezar a discutir de fondo es qué tipo de reformas tenemos que hacer para que el ordenamiento territorial funcione mejor. Detrás de todo esto tenemos que buscar la oportunidad de encontrar una salida para que esto lo podamos hacer en consenso y pueda salir bien”.
(Por qué Claudia sí pudo expedir POT por decreto y Peñalosa y Petro no).
En efecto, según Uribe y Callejas, mientras el juzgado toma una decisión de fondo, lo que procede es que aplica desde hoy el decreto 190 de 2004, mediante el cual se expidió el anterior Plan de Ordenamiento Territorial.
Una fuente de la alcaldía anticipó que interpondrán la apelación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que mientras se resuelve el recurso no se aplicará el decreto 555.
La concejal Lucía Bastidas, quien durante los debates en el Concejo advirtió su rechazo a que fuera expedido por decreto, señaló que “lo que mal empieza mal termina. El POT sacado a las patadas por Claudia López no tuvo participación y tiene errores de fondo que afectan la construcción de vivienda en la ciudad, la concertación presentada con la CAR es diferente a la llevada al Concejo y eso es violar la ley. Gana la ciudad”.
La alcaldesa expidió el decreto 555 luego de que se cumplieran los 90 días que tenía el Concejo para debatir y votar el proyecto de POT presentado en septiembre de 2021 por la administración distrital. Ante la andanada de recusaciones e impedimentos contra concejales, la iniciativa no pudo ser discutida ni siquiera en la Comisión del Plan, a la que le correspondía el trámite del proyecto, aunque contaba con dos de las tres ponencias positivas.
Fueron 92 impedimentos, 66 recusaciones y un desestimiento y al menos cinco tutelas que cursaron contra la discusión. Por esta situación, el texto presentado por la Alcaldía Mayor no llegó a la plenaria del cabildo distrital. Ante ese panorama, la alcaldesa Claudia López decidió expedir a finales del año pasado el decreto mediante el cual se adopta el POT, con vigencia de al menos 12 años.
“Desafortunadamente, vencido el plazo que la ley le da al Concejo, 90 días para adoptar una decisión de fondo, las tres ponencias positivas no fueron debatidas ni adoptadas. Ante esa falta de decisión, la ley le otorga a la alcaldía la facultad de adoptar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial por decreto. Esa facultad legal y constitucional la estamos ejerciendo el día de hoy”, explicó la mandataria al día siguiente de la la firma del decreto 555.
Fuentes de la Administración Distrital explicaron en su momento que la expedición del POT por decreto se fundamentaba en el artículo 12 de la Ley 810 de 2003, que establece que “si el concejo no aprueba en noventa (90) días calendario la iniciativa, lo podrá hacer por decreto el alcalde”. No obstante, había voces que señalan que aún no se había llegado a esa instancia por cuanto la ola de recusaciones e impedimentos no le permitieron al Concejo discutir ni votar el proyecto.
López señaló además que Bogotá lleva “10 años sin un norte, sin un compromiso y sin una visión de ciudad, 10 años dando tumbos”, y que eso es lo que se va a superar con el decreto 555. “Tenemos una ciudad del 2021 con un plan del 2004.
Evidentemente, es un plan caduco, un plan que no refleja las necesidades de sus habitantes”, reiteró, y luego señaló que llegó la hora de resolver los conflictos históricos de la ciudad, de adoptar decisiones y de ejecutar en vez de discutir.
La mandataria firmó el decreto a pesar de que varios gremios y concejales pedían que lo volviera a presentar para que el proyecto fuera discutido ampliamente yu aprobado por consenso. De hecho, la firma originó una serie de críticas contra la nueva norma y la alcaldesa. Tanto gremios como académicos y políticos lamentaron que la hoja de ruta de la ciudad para los próximos no haya salido producto de la concertación, como reclamaron, y advirtieron que dicho texto tiene “errores” e “inconsistencias”.
En un principio, el juzgado quinto no admitió la demanda hasta que se aportara una copia del decreto. El entonces candidato al Senado había aportado un enlace para acceder al documento en la página web de la Secretaría General. En el auto de sustentación, el juez había dado 10 días, contados a partir de la notificación, para que subsanara la demanda, hecho que se cumplió y el recurso pudo continuar su trámite.
Con la demanda de Miguel Uribe Turbay son cinco las acciones que se han interpuesto contra el POT por decreto de la alcaldesa Claudia López. También ha sido admitida la de la exconcejal y electa representante a la Cámara por Bogotá Carolina Arbeláez. También pide la suspensión provisiónal. Sin embargo, en este caso no ha habido decisión.
REDACCIÓN BOGOTÁ
