El polémico proyecto de ley, de iniciativa congresional, que busca abrir una puerta durante 6 meses para que todos los afiliados al sistema pensional, a través de cualquiera de los dos regímenes de aseguramiento (privado o público), se puedan pasar de un lado a otro, independientemente de si cumplen o no los requisitos que hoy están vigentes, no cuenta con el aval del Gobierno.
Así se pudo establecer a través de una carta conocida por EL TIEMPO, la cual fue enviada por el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca, donde en la noche del martes estaba incluida en la agenda para surtir el trámite del segundo debate en la plenaria legislativa.
En la misiva el Gobierno dice que “se abstiene de emitir concepto favorable y solicita estudiar la posibilidad de su archivo”, argumentando que la propuesta “desconoce el principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones que está en el Acto Legislativo 01 de 2005”.
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Según las normas actuales, para que una persona se pueda trasladar de un régimen a otro se requiere que lo haga 10 años antes de cumplir la edad reglamentaria (57 años en el caso de las mujeres y 62 años, en el de los hombres). Entre tanto, el proyecto de ley, que es de la autoría de Juan Carlos Wills, abre la posibilidad de que un afiliado se pueda pasar de un lado a otro, si tiene 750 semanas cotizadas y más de 52 años (hombres) o más de 50 años (mujeres), según la carta.
Argumentos
Uno de los argumentos expuestos en el debate de la semana pasada, por parte de los defensores de la iniciativa en el Legislativo, fue el problema que suponen las demandas de los afiliados que alegan haberse trasladado del régimen público al privado, sin la debida información.
Pero en la carta enviada al Congreso, el viceministro Zárate sostiene que la iniciativa “implica para el Estado unas erogaciones que ascienden, solo para el primer año, a 27 billones de pesos, por el traslado de los fondos privados a Colpensiones, y por el reconocimiento de la pensión, alrededor de 57,7 billones de pesos, además de indemnizaciones sustitutivas por valor de 1,8 billones de pesos, los cuales no se encuentran contemplados en las proyecciones de gasto de mediano plazo”.
De acuerdo con lo sustentado por el viceministro de Hacienda, el contenido del proyecto de ley “tiene un alcance diferente y mayor en cuanto a población beneficiaria respecto del Decreto 558 de 2020, lo que impide que se puedan complementar o hacer compatibles”.
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Esta cartera ministerial
se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto y
solicita estudiar
la posibilidad
de su archivo
Hay que recordar que en el mencionando decreto, se estableció un mecanismo especial de pago para las pensiones reconocidas bajo la modalidad de ‘retiro programado’ que manejan los fondos privados, de manera que puedan pasar a Colpensiones y proteger así a los pensionados de un salario mínimo, ante un eventual riesgo de descapitalización de sus cuentas individuales.
La misiva del viceministro de Hacienda pone sobre el tapete la constitucionalidad del proyecto, alrededor de la cual manifiesta que “el Acto Legislativo 01 de 2005 prescribió que el Estado garantizará la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones”.
Además, «el artículo 334 de la Constitución Política señala que la sostenibilidad fiscal debe orientar a los órganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, agrega la carta.
Debido al impacto económico que significa el proyecto, “la afectación de la sostenibilidad financiera no solo sería para el régimen de prima media, sino para todo el Sistema de Pensiones”.
REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS
