En la actualidad, 10 instituciones de educación superior (IES) en Colombia tienen medidas preventivas por parte de la subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación. Según un reporte de esa cartera, al que tuvo acceso el periódico EL TIEMPO, las deficiencias administrativas y financieras son el común denominador en los procesos de inspección y vigilancia.
El informe, realizado por la cartera de Educación, fue entregado en el Congreso de la República para conocer la situación actual de la IES del país. Las indagaciones se están realizando en Bogotá, Barranquilla, la Guajira y otras partes del país.
Fundación Universidad Autónoma de Colombia: El Ministerio de Educación recientemente ordenó el reemplazo del presidente de esa institución Eduardo Hoyos como parte de un proceso de vigilancia y control, que inició el 6 de junio del 2019. En su reemplazo fue asignado Ricardo Gómez Giraldo, exrector de la Universidad de Caldas.
La situación en esta universidad es compleja. Desde el 20 de mayo profesores y administrativos entraron en paro indefinido por el no pago de salarios y prestaciones sociales. Además, se estima que la institución tiene un déficit financiero de más de 30.000 millones de pesos.
Durante el proceso de inspección que está realizando el Gobierno Nacional se han evidenciado «deficiencias financieras por lo que la universidad no está generando los flujos de efectivo suficientes para atender sus gastos operacionales y no operacionales».
Universidad Incca de Colombia: El proceso de inspección en esta institución inició el 2 de abril del 2019 y se encontraron deficiencias administrativas y financieras «que evidenciaron que la universidad no está generando los flujos de efectivo suficientes para atender sus gastos operacionales y no operacionales». Esto ha presentado incumplimientos en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales, cesantías entre otros, a docentes y personal administrativo.
Universidad Metropolitana: Con un proceso de inspección y vigilancia abierto desde el 2018, la IES, ubicada en Barranquilla, presenta irregularidades relacionadas con el ingreso a los programas académicos de Medicina y Anestesiología y Reanimación, así como en el cobro de deudas a estudiantes, deficiencias en el proceso de reembolso de matrícula.
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés: El Ministerio de Educación señala que está institución tiene medidas preventivas y de vigilancia, en la que se incluye un inspector y un plan de mejoramiento.
Universidad de La Guajira: El Gobierno encontró que esta IES tiene deficiencias administrativas, irregularidades en el manejo financiero, irregularidades en el reporte de información financiera y deficiencias académicas. La institución, ubicada en Riohacha y de carácter público, está siendo investigada desde el 2018.
Universidad Autónoma del Caribe: El Mineducación ha puesto en marcha en esta institución académica un plan de mejoramiento, reemplazo de directivos y la asignación de un inspector in situ para realizar una vigilancia especial.
Corporación Universitaria de Colombia Ideas: Esta institución, cuya sede principal es es en Bogotá, tiene deficiencias en el funcionamiento de los órganos de dirección y administración, ausencia de documentos y políticas institucionales.
Además, según el reporte de la cartera de Educación, se evidencia «irregularidades en el manejo financiero, en la celebración de contratación y convenios, ausencia de políticas y actividades de bienestar universitario, investigación y extensión, deficiencias en infraestructura, hallazgos en talento humano, ausencia de medios y recursos educativos, irregularidades en registro y control».
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD): En el 2015, la cartera le abrió un proceso de investigación a esta institución pública, argumentando «deficiencias financieras y traslado de recursos a la sede de Miami (Estados Unidos). La inspección a esta universidad fue suspendida por el Consejo de Estado desde el 15 de septiembre del 2016 hasta el 2 de mayo del 2017.
Universidad del Pacífico: En el proceso de investigación, que se adelanta desde el 2015, se encontró deficiencias administrativas, problemas en talento humano, incumplimiento de las condiciones de calidad en materia académica y deficiencias e irregularidades en aspectos financieros.
La universidad, cuya sede principal es en Buenaventura y es de carácter público, tiene vigente un plan de mejoramiento y un inspector in situ.
Fundación Universitaria San Martín: El Mineducación explica que esta universidad, de carácter privado, tiene un proceso de vigilancia y control por la «grave afectación a las condiciones de calidad», ocasionada por múltiples irregularidades administrativas, financieras y académicas.
Los problemas más graves que se encontraron fueron de «tipo financiero, relacionados básicamente con pasivos ocultos, desvió de recursos, y desorden contable. Estas circunstancias ocasionaron la interrupción de la prestación del servicio y parálisis de la actividad académica».
Desde que entró en vigencia el proceso de inspección (2015) se han tomado diferentes medidas para solventar la crisis, como por ejemplo el reemplazo de directivos (terminada), suspensión de registros y solicitudes de renovación (terminada), plan de mejoramiento, entre otras.
¿Qué está pasando con las universidades?
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, informa que se está fortaleciendo el área de Inspección y Vigilancia para atender con celeridad las situaciones indebidas que se presentan en las instituciones de educación superior.
«El ministerio debe darle una garantía a la sociedad y velar porque los recursos se manejen adecuadamente. La promesa que le hacen al estudiante, cuando firma su matrícula en una universidad, debe cumplirse», advierte Angulo.
Carlos Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, explica cuáles son las posibles razones de por qué algunas instituciones de educación superior atraviesan por crisis.
Dice, por ejemplo, que «la autonomía universitaria ha llevado a que las IES se amparen en ello para asignar recursos de forma no muy clara». Añade que la masiva presencia de familias en las IES y «la falta de referentes precisos, técnicos, de presupuesto, asignación contable y desglose de actividades para la búsqueda y distribución de recursos, acrecienta los problemas», son otros factores.
También advierte sobre «la ausencia de protocolos de esquemas de gobierno, gestión de recursos y elección de directivos».
En ese sentido, Lopera sugiere la creación de un órgano capaz de vigilar los procesos educativos en el país. «Por ejemplo, los sectores de salud y financiero tienen su ministerio y superintendencia respectiva, pero eso no pasa en educación», plantea el experto.
Precisamente, el 23 de julio se espera que el senador Iván Darío Agudelo, del partido Liberal, radique un proyecto de ley para crear la Superintendencia de Educación.
«Hoy necesitamos separar las funciones de investigación y vigilancia del ministerio de educación, para que esa cartera se dedique a fijar las políticas públicas (…). El ministerio no puede seguir siendo juez y parte, porque, por ejemplo, no puede sentarse a crear políticas públicas cuando está sentado con actores del sector que están siendo investigados», dice Agudelo.
Agrega que: «se necesita un autor autónomo con mucho conocimiento en el sector. En Colombia hay diversos sectores que están siendo vigilados. Son nueve superintendencias que hay en el país en sectores como el bancario, financiero, salud, transporte, entre otros. Estas entidades no están para perseguir, pero sí para corregir fallas en el sistema».
CAMILO PEÑA CASTAÑEDA / EL TIEMPO
