Redacción BL
La polémica por las irregularidades en el Presupuesto General de la Nación, que tienen en el aire $13 billones del 2024 y sin una asignación específica a 108 proyectos y programas del Gobierno para este año, tiene un capítulo importante en la educación, que si bien se está tratando de corregir desde el Ministerio de Hacienda, sigue dejando serias dudas sobre la legalidad de su implementación.
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Por ejemplo, el pasado 5 de febrero, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 103 del 2024, con el cual “efectúa una modificación al anexo del Decreto de Liquidación contenido en el artículo 1 del Decreto 2295 de 2023, en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación para la vigencia fiscal 2024”.
Allí, según las comparaciones realizadas con el borrador de decreto de liquidación que hizo esta cartera, pero que no fue implementado por la Presidencia, se retoman las propuestas de discriminación sugeridas por los técnicos del Gobierno y se parte en tres la partida para el mejoramiento en infraestructura de al menos 15 universidades públicas.
En el documento que finalmente quedó vigente estos dineros, que suman $1,2 billones, quedaron bajo las sombrillas “Mejoramiento de las condiciones de infraestructura de las instituciones de educación superior” ($800.000 millones). “Mejoramiento Integral de las Condiciones de Calidad de las Instituciones de Educación Superior ($300.000 millones) y Fortalecimiento de las Universidades Estatales-Estampilla Pro Universidad Ley 1697 de 2013” ($110.000 millones).
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Cabe resaltar que en el Decreto 2295 del 2023, que ha sido motivo de varios reclamos por parte de analistas debido a la no discriminación específica de recursos, los más de un billón de pesos ya mencionados aparecían con el concepto “Educación Superior Como un Derecho-Infraestructura”, el cual se interpretaba como una partida global.
Sin embargo, al contrastar esta normativa para 2024 con sus similares de años anteriores, se aprecia que no existe una desagregación puntual de los centros de educación superior públicos que recibirán estos dineros del Estado, sino que todos los recursos se dejaron en una bolsa común, que analistas advierten que podría ser repartida a criterio del Gobierno.
Sólo para poner un ejemplo, al revisar los decretos de liquidación de 2020, 2021 y 2022; se aprecian conceptos como “Aportes para la Financiación de la Universidad Pedagógica Nacional” o “Aportes para la Financiación de la Universidad del Cauca-Nacional”; para los que se solían especificar partidas entre $2.500 y $3.700 millones; las cuales quedaban aseguradas por ley.
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Educación
Pero al revisar el Anexo de Proyectos del Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) – 2024, documento clave para priorizar los planes y programas que van en el presupuesto de cada año; se aprecia que para este quedaron agendados como “Aportes para la Financiación” de al menos 15 universidades públicas que no aparecen de forma clara en las cuentas de la Nación.
En la lista aparecen la Universidad Nacional, el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad de Caldas, Universidad de la Amazonía, Universidad de Córdoba, Universidad de los Llanos, Universidad del Cauca, Universidad del Pacífico, Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), Universidad Pedagógica, Universidad Popular del Cesar y la Universidad Tecnológica del Chocó, entre otras.
Expertos consultados concordaron en que la no discriminación de las partidas presupuestales para estas universidades las deja en el mismo escenario que los 108 proyectos de infraestructura, que no tienen una seguridad jurídica frente a la plata que deben recibir este año, ya que todo queda a discreción del Gobierno.
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Portafolio también habló con varios analistas sobre si los errores del Presupuesto de 2024 se pueden arreglar por decreto y, para Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, por este medio “no pueden arreglar la situación; les va a tocar ir al Congreso”, que fue donde originalmente se presentó la primera inconsistencia.
“Se equivocaron y, por seguir tapando el error, cada día éste es más grande. El Gobierno debería ir al Congreso a modificar el Presupuesto porque no lo liquidó como era. Ese Decreto de Liquidación del presupuesto está mal hecho porque no tienen sustento jurídico”, enfatizó Londoño.
Entre tanto, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, señala que lo primero que hay que dejar claro es que “el presupuesto de la vigencia 2024 se está manejando de una manera muy poco transparente”, teniendo en cuenta que las partidas globales reveladas por Portafolio dejan un mensaje de incertidumbre.
Educación superior
“La ley orgánica del Presupuesto dice que todos los gastos deben aparecer discriminados e identificables en la Ley de Apropiaciones. No pueden inventarlas luego los gobiernos en el curso de la ejecución presupuestaria”, indicó Restrepo.
Y destacó destacó un informe del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que advierte que las partidas globales en el Presupuesto General de 2024 se podrían prestar para casos de corrupción, ya que no hay una destinación fija para los $13 billones ya mencionados, lo cual genera desconfianza.
Facultades exclusivas del Congreso de la República
El profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, se refirió a las facultades que tiene el Ministerio de Hacienda para cambiar las partidas presupuestales dentro del Decreto de Liquidación y manifestó que, según la ley, “si usted quiere modificar las apropiaciones, la única manera de poder hacerlo es ante la misma autoridad institucional que tiene la función y esa función la tiene únicamente el Congreso de la República”, dejando claro que todo debe ir de la mano con la Ley de Presupuesto que se aprobó el año pasado en la cual, al ser revisada por este medio, se evidenció que también quedó en partidas globales.
DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO
Periodista de Portafolio
