En medio de la carrera mundial por el desarrollo y la compra de vacunas para covid-19, el Congreso de la República le metió el acelerador a la llamada ley de vacunas, que trae mecanismos claves para facilitar el acceso a la vacuna, la única solución a largo plazo para el virus.
(Lea: El mundo ya tiene tres vacunas con buenos resultados frente al covid)
El proyecto, que recibió mensaje de urgencia por parte del presidente Iván Duque, ya fue aprobado en sus dos primeros debates y apenas le restan dos debates más para convertirse en ley: uno la Plenaria del Senado y uno en el pleno de la Cámara de Representantes. Estas dos últimas discusiones se darían esta semana, lo que indicaría que a más tardar en 8 o 15 días se estaría enviando para sanción presidencial.
(Lea: ¿Cuánto costará y cuándo llegaría la vacuna de Johnson & Johnson?)
No obstante, a esta iniciativa, que es prioritaria para el país, le surgió una polémica que podría torpedear su trámite si no se llega a un acuerdo en la Plenaria de la Cámara. Inicialmente, el proyecto, de autoría del congresista Ricardo Ferro, establecía que la vacuna debía ser gratuita para toda la población.
(Lea: Países del mundo alistan sus planes de vacunación)
Pero según pudo comprobar EL TIEMPO al acceder al texto que será discutido en las plenarias del Senado y la Cámara, la norma se modificó y ahora se le incluyó un parágrafo que indica que los estratos 5 y 6 tendrían que pagar por la vacuna.
“Estarán exceptuados de la gratuidad los estratos 5 y 6, salvo quienes pertenezcan al personal de salud, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades”, dice el parágrafo del artículo 9 del proyecto.
Esta modificación fue rechazada por el Ministerio de Salud, que argumenta que “históricamente se ha contemplado vacunación universal para toda la población de Colombia; en algunos casos priorizando sectores, pero jamás estratificando. Una disposición que estratifique el costo podría contemplar vicios de constitucionalidad en tanto potencialmente violaría el principio de igualdad en el acceso a la salud”.
Adicionalmente, la cartera de Salud argumenta que “el objetivo de la inmunización requiere de vacunar a la mayoría de colombianos posibles”. Lo anterior debido a que si un grupo poblacional no tiene los incentivos para vacunarse, podría no acceder a la inmunización, lo que afectaría a los demás colombianos.
La idea de este parágrafo, que fue propuesto, entre otros, por los senadores Efraín Cepeda, María del Rosario Guerra, Gustavo Bolívar y Rodrigo Villalba, es “aliviar las finanzas” del Estado, en tanto se entiende que los estratos más altos tienen los recursos para adquirir las vacunas por su propia cuenta.
Esto contradice también la intención inicial del autor del proyecto, el congresista Ferro, quien aseguró hace algunas semanas que la idea es que «todos los colombianos nos podamos vacunas gratuitamente».
Ya varios congresistas han propuesto que presentarán una proposición para eliminar esta disposición para el próximo debate, pues a la iniciativa aún le restan dos debates. Es decir, va a mitad de camino.
BONDADES DEL PROYECTO
Más allá de la discusión sobre la gratuidad, este proyecto de ley resuelve muchas de las preocupaciones de los colombianos frente al acceso a la vacuna, ya que posibilitará al Gobierno Nacional a establecer alianzas estratégicas y a destinar recursos de salud en vacunas experimentales contra la Covid-19, o cualquier otra pandemia que se llegara a presentar en un futuro.
La iniciativa permite al sector privado descontar impuestos si aportan recursos al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, que es la bolsa creada por el Estado para la mitigación emergencia, como es el caso de la adquisición de vacunas y demás actividades enfocadas a lograr la inmunización en el territorio nacional contra esta pandemia.
La idea es que las empresas que sean declarantes del impuesto de renta sean eximidas de pagar el 50 por ciento de este gravamen si aportan recursos que permitan la compra de vacunas.
“Con esta ley vamos a garantizar que se puedan destinar recursos públicos para la adquisición de la vacuna, pero adicionalmente garantizaremos que los empresarios se puedan sumar a lo que pueden denominar una gran ´vaca´, donde habrá recursos públicos y recursos privados para la compra masiva de vacuna” aseguró el representante Ferro.
El mensaje de urgencia enviado por el Gobierno obliga a que el trámite por parte del Congreso se surta en un tiempo máximo de treinta días con lo cual se espera que antes de diciembre esté aprobado el proyecto.
POLÍTICA / EL TIEMPO
