Redacción BL
Cobertura total de los tratamientos para los drogadictos en el sistema de salud -actualmente la atención se concentra en las emergencias por intoxicación- y el empadronamiento de las personas sorprendidas con droga, son algunos de los puntos incluidos por el Gobierno en la reglamentación del acto legislativo que prohibió el porte y consumo de la dosis mínima en Colombia.
El proyecto, radicado el jueves en el Congreso con la firma del ministro Fabio Valencia, plantea que el problema de la drogadicción viene creciendo en el país, al punto que al menos 300 mil personas podrían ser adictas y que son más de 500 mil las que habrían probado una sustancia ilícita al menos una vez en su vida.
También sostiene que seis de cada 10 personas detenidas por cometer delitos estaban bajo efecto de narcóticos, y que unas 3 de cada 10 delinquieron para conseguir droga.
La iniciativa, que en todo caso debe ser aprobada por el Congreso, plantea que la Nación y las regiones asuman la creación de centros especializados de atención a la drogadicción, que serían financiados con recursos provenientes, entre otros, de las incautaciones a los narcos.
Entre las medidas se plantean «la internación de la persona en un centro de atención al drogadicto para lograr su efectiva curación» y la utilización intensiva de campañas de prevención en colegios, universidades, empresas y hasta en las cárceles.
¿Cómo sería el procedimiento? Una vez sorprendidas por la Policía, las personas que lleven droga o estén bajo sus efectos en lugar público irán a centros de orientación, que funcionarán las 24 horas.
Después, un siquiatra o sicólogo analizará cada caso y presentará, máximo siete horas después, un informe ante un juez. Si la recomendación es internar a la persona, será necesario su consentimiento y también el de un delegado de la Procuraduría.
La norma incluye varios puntos polémicos: sanciones para los programas de televisión que según la CNTV hagan «apología al consumo».
También habrá una especie de empadronamiento -identificación y registro en bases de datos del Ministerio de la Protección- de las personas que sean sorprendidas con droga. Expertos en atención de adictos señalan que el registro obligatorio podría «espantar» a quienes en realidad quieran recibir los tratamientos por temor a una estigmatización.
También hay dudas sobre la disponibilidad de recursos para crear los centros de orientación, las plazas de los jueces que se encargarán de definir los tratamientos y si se trata o no de expendedores, y, sobre todo, los recursos para asegurar tratamientos eficientes. En el caso de la heroína, por ejemplo, se requieren entre 4 y 6 tratamientos para que la persona supere la adicción, y cada uno puede costar hasta 7 millones de pesos.
Había orden de la Corte Constitucional
– En varias sentencias, la Corte Constitucional ha ordenado que el Estado financie a las personas de bajos recursos que quieran su- perar los problemas de drogadic- ción, pues esos tratamientos están altamente restringidos en el POS.
– La propuesta del Gobierno llega en momentos en los que los problemas financieros del sector salud incluso llevaron a la fallida declaración de la emergencia social, que acaba de tumbar la misma Corte Constitucional.
– El proyecto dice que «la Policía deberá actuar preservando la dignidad de la persona, ya que no se está en presencia de un delincuente sino de personas que necesitan atención especial». Con El Tiempo
