Redacción BL
“Mi campaña en 1994 fue manejada de la manera más pulcra por Luis Alberto Moreno, Hernán Beltz y Claudia de Francisco, sobre quienes no cabe una sola duda sobre su honestidad y quienes jamás han estado investigados por vínculos con el narcotráfico”.
En estos términos respondió el expresidente Andrés Pastrana a la sorpresiva carta enviada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, en la que dan una nueva versión del escándalo del proceso 8000.
Esta carta apareció una semana después de que el expresidente Pastrana revelará, ante la Comisión de la Verdad, una misiva que le enviaron los hermanos Rodríguez en el año 2000 en la que confiesan haber financiado la campaña de Ernesto Samper de 1994, con el pleno conocimiento del candidato.
En su nueva comunicación los Rodríguez aseguraron que la campaña de Andrés Pastrana, quien denunció en su momento el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña de Ernesto Samper, también se vio beneficiado por los recursos del Cartel de Cali.
Pastrana recordó que en su mandato fueron extraditados más de 110 narcotraficantes, aunque los Rodríguez no fueron extraditados por medidas del Gobierno Samper.
Según los Rodríguez Orejuela, en el año 2000, estando ellos presos en la Cárcel La Picota, recibieron una visita del médico del presidente Pastrana, Santiago Rojas, quien les entregó una mensaje del entonces mandatario.
Supuestamente les había pedido que escribieran la carta en la que afirmaran que Samper y Serpa sabían del ingreso de los dineros del cartel a la campaña. El objetivo de ello en teoría era mostrarles la misiva tanto a Serpa como a Samper, para que desistieran de hacer declaraciones públicas sobre los escándalos de Dragacol y Chambacú.
En la comunicación conocida por los Rodríguez mencionan al hoy embajador de Colombia en Argentina, Álvaro Pava Camelo, de quien aseguran que en su momento conoció cómo fue la financiación de parte de ellos a la campaña de Pastrana.
Al respecto Pava negó tener cualquier responsabilidad en el manejo de los dineros con los que se financió la campaña, pero aclaró que el periodista Alberto Giraldo, quien era el relacionista público de los dos hermanos, sostuvo que Pastrana no recibió financiación alguna.
Lo cierto es que la Fiscalía nunca abrió ninguna investigación por una supuesta financiación irregular del Cartel de Cali a la campaña de Pastrana.
Un hecho que pone en duda la veracidad de lo manifestado por los hermanos Rodríguez Orejuela en esta nueva misiva es que manifiestan haber sido amigos del padre de Álvaro Pava, a quien identifican como “Álvaro Pava papá” cuando el progenitor del embajador en Argentina se llamaba Jaime Pava Navarro.
“Este es un episodio que en principio, no tendría ninguna repercusión política. Es un hecho que hace parte de la historia del país de hace más de 20 años y para la política de hoy, no tiene mucha relevancia en el sentido de que los expresidentes Samper y Pastrana no tienen mayor influencia política hoy. Sin embargo, lo expresado en la carta tiene un enorme valor histórico y judicial, porque todavía hay muchos elementos del proceso 8000 que siguen en la sombra”, comentó el politólogo Yann Basset, director del Grupo de Estudios para la Democracia de la Universidad del Rosario.
Pastrana dijo que casos de Chambacú y Dragacol ya fueron investigados.
El abogado Elmer Montaña explica que, judicialmente, no es posible abrir de nuevo las investigaciones del proceso 8000 debido a que los delitos que le dieron origen al caso ya prescribieron.
“Ninguna autoridad judicial puede adelantar investigaciones en casos que ya estén prescritos. La prescripción se entiende como una sanción en contra del Estado por haber dejado pasar el tiempo y no haber realizado la actividad investigativa. Y es una garantía para los ciudadanos, para que el Estado cumpla con sus funciones y las personas no queden eternamente investigadas. Así que iniciar una investigación cuando ya un delito está prescrito es atentar contra los derechos constitucionales. Salvo determinados tipos de delitos, las prescripciones se amplían por un tiempo indefinido como los delitos de lesa humanidad.
Pero en este caso no es un delito de lesa humanidad, hay unos limites temporales que tuvo el Estado para adelantar las investigaciones. Si no cumplió con esos limites, queda imposibilitado para hacerlo después”.
Montaña reconoce, sin embargo, que aún Colombia no conoce la verdad de lo que pasó con el proceso 8.000, y eso en parte explica por qué aquel sigue siendo una herida abierta, al punto que más de 20 años después se sigue hablando de lo mismo.
“Los Rodríguez son depositarios de una verdad que solo ellos conocen. Hasta el momento se han negado a contarla, en relación con todas las personas, especialmente servidores públicos y los de la Fuerza Pública que corrompieron. Y se han negado por las consecuencias que eso tendría para sus hijos y nietos. Las represalias serían aterradoras. Así que tal vez la del 8000 sea una verdad que va a quedar enterrada con ellos”, dice Elmer.
Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre de Cali, añade que de la polémica surgida se debe resaltar la importancia de la Comisión de la Verdad que, si bien no es un órgano judicial, ha permitido que el país conozca sucesos hasta el momento ocultos. “En cuanto a los efectos políticos de la carta de los Rodríguez, es más de lo mismo: polarización y odio, pero lo más grave es que está latente la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. A los expresidentes no los toca la justicia penal”, agrega.
El profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, Wilson Martínez, recuerda otro episodio que cerraría la puerta para que el proceso 8000 sea revisado jurídicamente de nuevo.
En el caso de Samper, ya fue investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, investigación que fue precluída. “La preclusión tiene efecto de cosa juzgada material. Es decir, a Samper no se le podría volver a abrir una investigación por esos mismos hechos. En el caso de Pastrana, la carta de los Rodríguez señala que hubo un presunto constreñimiento, que en el código de la época, se llamaba concusión. Es cuando un servidor público presiona o extorsiona a un particular. Sin embargo, en este caso pasa el fenómeno de la prescripción. Así que judicialmente no hay nada que hacer. Y políticamente la carta de los Rodríguez no tendría consecuencias para dos expresidentes que hoy no tienen mayor liderazgo político”.
