Redacción BL
Nuevamente el Gobierno Nacional está adelantando esfuerzos para lanzar a licitación el proyecto de planta de regasificación del Pacífico. Este proyecto, que ha sido objeto de polémica a lo largo de todo el actual gobierno y que ya tuvo un intento fallido de licitación, pues la misma se declaró desierta en octubre del 2021 a falta de interés de algún inversionista, vuelve al debate público por el proyecto de resolución 702005 de la Creg recientemente expedido, con el cual, este gobierno intenta nuevamente, y con mayor intensidad, seducir a los potenciales inversionistas interesados en el proyecto.
(Hidrógeno la apuesta de las empresas para la transformación energética).
El nuevo proyecto de resolución, sorpresivamente, plantea reducir los requerimientos y salvaguardas que tenía el anterior proceso para mitigar los riesgos de retraso y de sobrecostos a sus dolientes, es decir, sobre todos los usuarios de gas natural de país, los cuales en su totalidad no serán necesariamente beneficiarios del proyecto.
En particular, el proyecto de licitación hace los siguientes cambios significativos.
En primer lugar, permite la adjudicación del proyecto aun en el caso en que se presente un solo proponente, o una sola propuesta válida. Es decir, no es necesaria la competencia de ofertas para que el proceso de subasta se considere exitoso y sea adjudicado. A esta preocupante condición para un proyecto de varios billones de pesos que tendremos que pagar todos los colombianos, se suma que la resolución crea un cronograma para el proyecto, en el que propone que al adjudicatario se le comience a pagar la inversión, incluso si hay retrasos que no permitan que el proyecto entre en operación en la fecha esperada.
(Fuerte crecimiento de la Inversión Extranjera Directa en el país).
Todo lo anterior pone en manifiesto la urgencia del Gobierno Nacional de conseguir casi que a toda costa inversionistas interesados en la planta de regasificación del Pacífico, bajando los estándares del proceso de licitación.
Sin embargo, las características y riesgos del proyecto, así como sus magnitudes en inversión, y sus efectos esperados en incrementar significativamente los precios de gas para los consumidores, se mantienen vigentes.
Por esto, el desmonte de algunos de los mecanismos para resguardar los intereses de los usuarios de gas natural colombianos, en un proyecto que ha sido advertido por la Contraloría General de la Nación, señalando que existen riesgos que podrían afectar negativamente los intereses públicos, principalmente en relación con el aumento en las tarifas hasta en un 32% sobre los usuarios, así como el potencial de que esta infraestructura, en ausencia de un suceso ambiental mayor como el fenómeno del niño, se convierta en infraestructura improductiva, representa una gran preocupación para el país.
Además del control de advertencia emitido por la Contraloría General, múltiples actores han expresado sus preocupaciones en diferentes escenarios académicos, políticos y mediáticos. Gremios como Naturgas, Asoenergía, ACP y Aciem; grupos de la sociedad civil como la Liga de Consumidores de Servicios Públicos; y connotados expertos en la materia tanto del sector público como privado.
Adicionalmente, se debe considerar que el abastecimiento de gas natural en Colombia está asegurado en el mediano plazo, pues contamos con reservas gasíferas para abastecernos por lo menos 8 años más si se consideran reservas probadas, y por casi 10 años si se consideran las probables. De hecho, las reservas probadas de gas natural de Colombia en 2021 registraron el mayor índice de incorporación en 10 años, lo cual demuestra que la exploración nacional sigue impulsando el gas natural en Colombia. Así mismo, es preciso mencionar, que también contamos con enormes recursos potenciales, de tal magnitud que estarían en capacidad de multiplicar en más de 15 veces las reservas del país, incrementando en hasta más de 100 años el índice de vida de estas. Con ello, no existe ninguna necesidad de importación adicional de gas natural en el mediano plazo, pues la soberanía y autosuficiencia energética gasífera de Colombia, dos conceptos importantísimos para cualquier nación, están asegurados.
Pese a todo esto, es claro que el proyecto de resolución procura adjudicar este proceso, pareciera a como dé lugar antes de la salida de este gobierno, incluso a costa de eventuales sobrecostos, demoras en las obras, mayores subidas del precio del gas natural o una mayor vulnerabilidad a hechos de corrupción. Todos estos riesgos, que han sido transferidos a los usuarios en favor de los inversionistas, mantienen la consistencia en la promoción de un proyecto y una estrategia sectorial que, hasta ahora, pareciera desacreditar la importancia de los efectos de una subida de precios, del costo de vida de los usuarios, y de un mercado competitivo.
CHARLE GAMBA
