Redacción BL
Mientras la atención del Gobierno, gremios y sindicatos están en construir los proyectos de la reforma laboral y la pensional, las personas naturales y las empresas ya están sintiendo el impacto de la tributaria aprobada a finales de 2022 y que entró en vigencia el 1 de enero.
Para Jaime Vargas, socio líder de mercados de EY Latinoamérica Norte, son varios los efectos que ya tiene la ley sobre las firmas y los ciudadanos, pero también hay varios retos en materia de recaudo.
En estos dos meses, ¿cuáles han sido los efectos de la reforma?
La reforma tributaria está financiada principalmente por empresas pertenecientes a algunos sectores económicos y por personas naturales de un cierto nivel de ingresos. Las primeras empezarán a sentir los impactos grandes cuando tengan que pagar el impuesto de renta correspondiente a 2023, puesto que es en ese momento en el que verán los efectos del rechazo de la deducción a las regalías de industrias extractivas y las sobretasas impuestas a ciertos sectores.
En cuanto a personas naturales, se sentirá el impacto antes, porque el efecto de la eliminación y limitación de deducciones se reflejará en la retención que a los empleados les practican sobre sus salarios. Y el impacto de otros impuestos que afectan a las personas naturales directa o indirectamente, como los impuestos al consumo, o que tienen un impacto generalizado en la cadena de suministro como el impuesto al plástico ya se están sintiendo o se empezarán a sentir paulatinamente a lo largo del año.
(Reformas laboral y pensional se concertarían a contrarreloj).
Durante el trámite del proyecto se hablaba del riesgo en las inversiones, ¿qué tanto puede afectar al sector corporativo?
El primer riesgo que miran los inversionistas es el riesgo país. Creo que el hecho de que se hubiera aprobado la reforma tributaria trae un mensaje de estabilidad de las finanzas públicas, y eso es bueno. Pero, por otra parte, al decidir una inversión, los inversionistas analizan cuál va a ser el retorno, y sobre esa base toman decisiones.
Desde este punto de vista, siempre estamos compitiendo con otros países. Si bien la carga fiscal no es el único elemento que se analiza, sí es uno de los principales. La tarifa que ya traíamos del 35%, sumada al incremento del impuesto a los dividendos del 10% al 15% y a otros impuestos de naturaleza local, a la imposibilidad o dificultad de acreditar ciertos impuestos y demás, nos deja de nuevo en desventaja.
(Reforma laboral y pensional: comisión de discusión se instala el lunes).
Tras la reforma, ¿qué tasa corporativa están pagando realmente las empresas?
La tarifa nominal sigue siendo del 35%, con algunas excepciones. Pero desde el punto de vista del inversionista extranjero, la tarifa nominal combinada sociedad – accionista llega a ser del 44,75%. Esta tarifa es más alta que la de aquellos países desde los cuales usualmente se invierte, esto es, de los exportadores de capital, de manera que el crédito de impuestos que pueden obtener en sus países en relación con el impuesto pagado en Colombia, no les permite acreditar la totalidad del impuesto pagado.
Ahora bien, existen algunos convenios de doble imposición que Colombia ha firmado que permiten reducir el impacto del impuesto a los dividendos, lo que permite unas condiciones, en algo, mejores para los inversionistas residentes en esos países, a más de cierta estabilidad en tema tributario. Considero que es muy importante redoblar esfuerzos en la negociación y firma de convenios para reducir en algo la falta de competitividad de nuestro sistema tributario.
(Reformas a la salud: similitudes y diferencias de Gobierno y oposición).
¿Qué impacto pueden tener las demandas por inconstitucionalidad que ha recibido la ley?
El impacto de algunas de las demandas, si llegan a fallarse a favor de los demandantes, puede ser muy importante.
Una parte significativa de los recursos adicionales que se están generando con la reforma están basados en normas que ya han sido demandadas, como, por ejemplo, aquella que prohíbe el rechazo de la deducción de regalías a las industrias extractivas. La declaratoria de inconstitucionalidad de estas disposiciones generaría un hueco grande en el presupuesto nacional.
La reforma tiene una ambiciosa meta en control de evasión, ¿lo ve viable?
Desde hace años, muchos hemos señalado que el principal problema del sistema tributario colombiano, más allá de la existencia de tratamientos preferenciales que dicho de paso ya prácticamente no existen, es la evasión. La meta es ambiciosa, sí. Requiere de muchos esfuerzos, pero sobre todo de grandes inversiones en capital humano y tecnología, para llegar a ciertos sectores de la economía en los que la evasión es rampante.
Yo espero que se pueda cumplir, de ello depende en buena parte la financiación del Estado. Hay un gran camino que se puede recorrer hacia controles más eficientes en impuestos tales como el IVA. El gran enemigo de la productividad sigue siendo la informalidad, que es tan alta en nuestro país. De ella resultan conductas no solamente proclives a la evasión, sino una clara competencia desleal con los competidores formales.
¿Cree que se necesitará otra tributaria?
Espero que no, o que, si la hay, sea para reducir la carga tributaria en vez de para incrementarla de nuevo. No hay mucho espacio ya para buscar contribuciones de las empresas y de las personas que pagan sus impuestos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que varias de las medidas que se aprobaron y que generan recaudación son de naturaleza temporal, seguramente será necesario ver de dónde obtener recursos adicionales para reemplazar los generados por estas cargas temporales si el control a la evasión o las mayores utilidades de las empresas en una economía que se reactiva no los pueden generar.
Es una tarea importante que han tenido varios gobiernos en el pasado y no se ha podido llevar a cabo. Es necesario fortalecer la capacidad de recaudación de las entidades territoriales y para ello la reforma es necesaria; y también para aliviar la carga de los contribuyentes, que tienen que padecer en muchas ocasiones las dificultades que genera operar en cientos de municipios con legislaciones que a pesar de sus similitudes son diferentes.
Unificar, modernizar y armonizar los sistemas territoriales es una parte pequeña de la tarea; pero lo más importante es dotar a las entidades territoriales de capacidades humanas y tecnológicas para que puedan cumplir su función … Si eso no se consigue, la reforma quedará siempre a medias.
LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE
Periodista Portafolio
