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Los domicilios de 1.377 de los condenados estaban errados, 410 presos estaban libres y 95, muertos. Inpec dice que son los jueces quienes deben actualizar datos.
José Gregorio Builes, fue uno de los 4.968 presos seleccionados por el Gobierno para probar la eficiencia de los brazaletes electrónicos como mecanismo para monitorear a los condenados que gozan de detención domiciliaria.
Pero cuando el propio Inpec fue a verificar la instalación de la sofisticada manilla, en el domicilio de Builes informaron que este había muerto desde hacía dos años. Y la escena se repitió 94 veces con igual número de candidatos a portar la manilla.
Pero intentar ponerles brazaletes a presos supuestamente muertos no ha sido el único problema que ha tenido que sortear el programa piloto de instalación de manillas, que le va a costar al país más de 39 mil millones de pesos y que tan solo cubre al 22,6 por ciento del total de la población carcelaria con este beneficio, que hoy alcanza los 22 mil reos.
Otra vez la base de datos
Según un informe oficial, en poder del Ministerio del Interior, varias inconsistencias en la base de datos del Inpec han dificultado que Gensa S.A. y Energía Integral Andina, empresas que manejan la instalación y desinstalación de los brazaletes, cumplan con los plazos del contrato.
Fuentes del propio Ministerio del Interior le confirmaron a EL TIEMPO que el contratista ha dejado constancia de que, por problemas de información, ha tenido que realizar más de 14 mil visitas para instalar los 4.968 brazaletes de la prueba piloto.
Además de los 95 muertos; en 1.377 visitas la dirección suministrada por el Inpec estaba errada; en 410 casos informaron que los condenados ya estaban libres; y en 1.556 ocasiones les dijeron que el reo ya no vivía en el lugar.
Este último, por ejemplo, es el caso de Diana Linda Mendoza Guasca, quien incluso -dicen en su casa- se fue del país desde hace meses.
Y hay más casos atípicos: la dirección que dieron para localizar al reo Luis Carlos Bolívar Gómez, pertenece a un lote sin construir; y cuando visitaron a Daniel Ríos para instalarle la manilla, su familia informó que estaba en la cárcel Distrital por reincidente.
También se hallaron 410 casos en los que candidatos a manillas ya estaban libres.
Estas anomalías se unen a las ya denunciadas por EL TIEMPO sobre las graves inconsistencias en la identificación plena de al menos 21 mil presos en cárceles colombianas.
El lío del anticipo
Todos estos errores pasaron a investigación para verificar su origen y veracidad.
Y si bien voceros del Inpec reconocieron las falencias y admitieron que podían extenderse a más reos con domiciliaria, advirtieron que es a los jueces a quienes les corresponde avalar esta información y registrar sus cambios.
El punto es que estos errores han impedido que se ejecute la totalidad del dinero que el Estado ya le entregó a los contratistas de las manillas: 15 mil millones de pesos.
De este monto solo han podido facturar cerca de 5.000 millones y el resto está respaldado por Gensa y por Energía Integral Andina S.A. con una póliza de garantía.
EL TIEMPO también estableció que si bien Energía Integral Andina cambió su domicilio a San Andrés, obedece a que debe ejecutar allí un millonario contrato para instalar un cable submarino.
En todo caso, para alcanzar la metas y ampliar los beneficios del sistema de brazaletes, el contrato fue prorrogado cinco meses (ahora se vence en diciembre) y el monitoreo se amplió a todo el país.
‘Ya pedimos a jueces aclarar la información’
Voceros del Inpec reconocieron ayer las fallas en la base de datos sobre reos que gozan de detención domiciliaria. Sin embargo, aclararon que no es responsabilidad del instituto establecer las direcciones de los reos, sus decesos, cambios de casa, reincidencias u otorgamientos de libertad. «Eso depende de las autorida- des judiciales porque son los jueces quienes otorgan el beneficio de la domiciliaria y quienes nos trasladan esa información». Sin embargo, manifestaron que ya están trabajando de la mano con el Consejo de la Juricatura para subsanar las fallas y para que se les recuerde a los jueces su deber de notificar los cambios. También dijeron que en el momento en que conocieron los errores en el tema de las manillas, notificaron a los jueces para que reporten si se trata de cambio de datos o de cientos de fugas.
