La reforma a la salud continúa generando nubarrones de incertidumbre sobre el futuro de sistema, al tiempo que se agita el debate sobre los estudios de aval fiscal sobre los costos del proyecto de ley una vez se implemente.
Incluso, actores del sector han destacado que el informe presentado por el Ministerio de Hacienda no tuvo muchos cambios frente al registrado en noviembre de 2023, pues se sigue sosteniendo que el costo de la reforma dependerá del trámite legislativo, que hoy se encuentra casi hundido y de información que deberá proporcionar la cartera de la salud.
De acuerdo con un estudio hecho por el Centro de Estudios Económicos Anif, actualmente las consideraciones del Ministerio de Hacienda sobre la reforma deja más dudas que respuestas. Por esto, detallaron que “dada la coyuntura, resulta fundamental comprender el estado actual del sistema y cuáles son las consideraciones del Ministerio de Hacienda frente al proyecto de Ley”.
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Según el estudio de Anif, el principal problema del sistema de salud colombiano es el financiamiento, donde el déficit acumulado entre 2021 y 2023 equivale a un total de $9,7 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que por presupuestos máximos la cifra se encuentra en $4,6 billones.
Así mismo, recalcan que con base en sus estimaciones para este 2024 la necesidad de recursos para el sistema asciende a los $44,6 billones, cuando en la propuesta del Presupuesto General de la Nación (PNG) los recursos disponibles son por $35,6 billones, para aseguramiento en salud, hecho que dejaría sin cubrir un monto cercano a los $9,3 billones.
Reforma a la salud.
“Uno de los principales limitantes de recursos es la evolución de la UPC. Si se analiza su crecimiento real, se evidencia una caída durante los últimos años. Eso representa un enorme problema, pues el crecimiento de la UPC no responde a la mayor demanda de servicios de salud que incrementó particularmente luego de la pandemia”, afirman.
Respecto al impacto fiscal que tendrá la implementación del articulado, el Centro de Estudios aseguró que el documento enviado por el Ministerio de Hacienda no el 20 de marzo no constituye a un aval fiscal, pues concluye que el flujo de gastos debe analizarse en línea con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), y que “(debe haber) un recorte de gastos de funcionamiento e inversión del Gobierno Nacional en otros rubros que sirva exactamente como fuente de financiamiento a los costos fiscales referidos”.
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Por esta razón, indican que el proyecto sugiere que este no cuenta con un visto bueno de la cartera, al tiempo que no dispone de recursos que respalden la ejecución del mismo. Es así que Anif repasó las cuatro fuentes de ingreso que ha tenido el sistema desde su creación, siendo el PNG la mayor bolsa de financiamiento.
Conforme a las proyecciones del MFMP y los ajustes realizados en diciembre se estima que se deben adicionar $2,5 billones para garantizar el cierre financiero de $5 billones para la vigencia de 2024.
Detallan que para otra de las fuentes, la del Plan Financiero de 2024 y los supuestos macroeconómicos que adopta el PNG para 2025, se estima $32,4 billones, que están enmarcados en la ejecución presupuesta de la Adres para el año en curso.
Reforma a la salud
“Por su parte, se proyectan los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) con base en el Marco de Gasto de Mediano Plazo, consecuente con los ingresos proyectados de la Adres a inicios de año”, dicen.
Para otras fuentes, incluyen el Soat, donde el Ministerio tuvo en cuenta el crecimiento de parque automotor, así como también los aportes de la caja de compensación que sugiere a los ocupados, afiliados y el Ingreso Base de Cotización.
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“Una de las primeras cosas que saltan a la vista es la carga que asume la Nación en ese nuevo modelo. Las proyecciones contenidas en el expediente, reflejan un aumento de 3,7 pp en la participación del PGN y se reduce en más de 5pp el peso de las cotizaciones en las fuentes del sistema”, se destaca en el informe.
Es por esto que el Centro de Estudios sugiere que flexibilizar los modelos de contratación y de contribución al sistema, llevaría a que se aumenten los flujos de recursos, lo que contribuiría en una reducción para la carga de la Nación.
Respecto a los costos de la reforma, Anif indica que este tiene un panorama aún “más difuso” ya que el análisis de Hacienda divide los gastos en directos, indirectos y administrativos.
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En ese sentido, indicaron que son los primeros dos lo que tienen una mayor participación y en vez de disminuir, aumentan en más de 2 puntos porcentuales su aporte durante la ventana de estudio pasando de 93,2% en 2025 a 95,8% en el 2033.
“Con los ingresos y gastos que menciona el Ministerio, la reforma a la salud acarrearía necesidades de financiamiento de más de $15 billones en los próximos nueve años. Esta situación supondría buscar recursos en otros sectores, aspecto poco viable dada la inflexibilidad del gasto”, señalan.
Reforma a la salud
Frente al balance fiscal, Anif asegura que con la perspectiva de ingresos y gastos para este sector en el horizonte de nueve años se puede concluir que el mayor impacto del costo se tendrá en los primeros tres años de implementación con un monto de $338 billones y con ingresos por debajo de $332 billones, lo que de entrada sugiere un déficit de $6,3 billones.
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“De aprobarse el Proyecto de Ley en los debates faltantes en el Senado, estaríamos frente de una crisis financiera en el sector salud. Además, con el agravante de que el déficit que deja la reforma debe ser financiado con recursos que hoy son destinados a sectores clave como educación, defensa o trabajo”, indican.
Concluyen mencionando que la reforma se debe construir entre todos los actores, para ser discutida de manera responsable y detallada.
Preocupan propuestas y planes de reforma
El Pacto por una Mejor Salud, que reúne a la mayoría de las asociaciones del sector, mencionó que el informe financiero, así como también las reformas alternativas radicadas están generando más incertidumbre sobre el futuro del sistema.
Según el Pacto, este documento no presenta ni profundiza en la totalidad de los supuestos que se deben tener en cuenta.
Además, destacan que el documento menciona la creación de instancias regionales y nacionales no tendrá costos agregados, sin embargo, reiteran que “cuando no se tiene claridad de las funciones expresas de esas instancias, tampoco es posible aseverar que no se necesitarán recursos adicionales”.
DIANA K. RODRIGUEZ T.
Peridista de Portafolio
