Según el ente investigador, los indiciados pertenecerían a la organización criminal donde se encargaban de la planeación y ejecución de los homicidios. Hay dos mujeres.
Labores investigativas adelantadas por un fiscal seccional fueron suficientes para que un juez judicializara a ocho personas, entre ellas dos mujeres, por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio en concurso con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cada uno según su responsabilidad.
Se trata de Ismael Enrique Sala Julio, José Felipe Sánchez Alean, José Luis Padilla Durango, Fidel de Jesús de los Reyes Espinoza, Deivis Antonio Cruz Rosso, Reison Ramón Fortich Bettin, Adriana Cristina García López y Yuliana Cervantes Brun, quienes serían presuntos sicarios del Clan del Golfo siendo responsables de por lo menos siete homicidios cometidos en el departamento de Córdoba.
De acuerdo con la investigación, se habrían identificado más de 15 personas dentro del grupo criminal, quienes desde enero del año 2022 se habrían dedicado a la planeación, coordinación y ejecución de actividades ilícitas encaminadas al homicidio.
A su vez, se identificó que los imputados pertenecerían a la subestructura criminal Javier Yépez Cantero, en donde, al parecer, no solo cometían homicidios, sino también extorsiones y actividades del tráfico de estupefacientes.
Funcionarios de la Policía Nacional detuvieron a los indiciados, el jueves 19 de octubre en curso, en acciones desarrolladas en Montería, Cereté y Valencia (Córdoba).
Aunque no aceptaron los cargos imputados un juez penal municipal ambulante de Cereté los envió a prisión. Las dos mujeres fueron cobijadas con medida domiciliaria.
La Fiscalía habla con resultados.
VHGB/FAGH/LMUV/CTVT/DSC
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
