El material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces de control de garantías impusieron medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, por su presunta responsabilidad en delitos sexuales de los que habrían sido víctimas una joven de 19 años y una niña de siete.
- En el primer caso, la Fiscalía judicializó a un hombre de 35 años como presunto responsable del delito de acto sexual violento, por hechos ocurridos en octubre de 2023 en la vereda Medio Afán de Mocoa (Putumayo).
De acuerdo con la investigación, el procesado aprovechó que la abuela de la joven descansaba para, al parecer, abusar sexualmente a su sobrina de 19 años, quien presenta antecedente de parálisis cerebral infantil. Además, habría intentado ahogarla colocándole la rodilla en su estómago cuando la joven puso resistencia, situación que le generó múltiples laceraciones.
- Por otra parte, la Fiscalía judicializó a un hombre de 53 años como presunto responsable de haber abusado sexualmente de su hija de 7 años, desde 2014 en zona rural del municipio de Puerto Guzmán (Putumayo) y Curillo (Caquetá).
Al parecer, el hoy procesado le realizó toda clase de vejámenes sexuales en una de las habitaciones de la casa donde la niña dormía. Además, el presunto agresor, cuando la víctima ya tenía 10 años, la habría accedido carnalmente, maltratándola física y verbalmente en varias ocasiones.
La Fiscalía imputó le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, cargos que no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
WAGG/LMFO/CFG/GM/CACB/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
