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Al acoger la petición elevada por un fiscal en Garzón (Huila), Adolfo Polo Parra, y Luis Fernando Roldán Calderón fueron cobijados con detención en centro de reclusión, luego de que presuntamente retuvieran durante dos días a un menor con déficit cognitivo para someterlo a distintos vejámenes sexuales.
En audiencias preliminares concentradas, la Fiscalía imputó a los hombres por el delito de acto sexual violento agravado, por el que no aceptaron su responsabilidad.
Este 8 de enero, los procesados, aprovechándose de la discapacidad psíquica que sufre el menor de 16 años, se lo habrían llevado a una residencia en el barrio Santa Lucía de Garzón (Huila) donde al parecer le dieron sustancias estupefacientes para realizarle conductas de connotación sexual en su humanidad, mientras se valían de armas blancas para amenazarlo y lograr su cometido.
El menor salió de la residencia el 10 de enero pasado, luego de que los victimarios, al parecer lo abusaran sexualmente. En diferentes partes del cuerpo presentaba chupones que le habrían hecho Polo Parra, de 55 años y Roldán Calderón, de 25.
Tras los hechos, el menor fue ubicado por su familia adoptiva, quienes observaron al menor en el estado descrito procediendo a trasladarlo a un hospital de ese municipio donde activaron la ruta de atención. Al parecer el afectado fue víctima de abusos sexuales cuando tenía 10 años.
A los indiciados los capturaron uniformados del CTI en conjunto con Policía de Infancia y Adolescencia, el pasado 14 de febrero en el barrio Nazaret y en el centro del municipio de Garzón (Huila).
La Fiscalía habla con resultados.
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LMGM/CFG/JEPM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
