En una casa modelo de venta de lotes la habrían sometido a vejámenes sexuales.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Álvaro Antonio Figueroa Villamil y Yohana María Ninco Bonilla, quienes al parecer abusaron sexualmente de una menor de 11 años en Pitalito (Huila).
Los hechos ocurrieron el 10 de abril de 2024, cuando la menor ingresó hasta un local comercial cerca al colegio donde estudia en busca del señor Figueroa Villamil para que le entregara unas fotocopias, pero fue atendida por una empleada quién le mencionó que él se encontraba en un billar.
Hasta ese lugar llegó la niña a buscarlo, pero al parecer el hombre la obligó a subir a un taxi amenazándola con una navaja.
Según la investigación, la condujo a una casa modelo de venta de lotes en el barrio Villa Helena, donde los esperaba Ninco Bonilla. Y en ese lugar fue donde, presuntamente, sometieron a la menor a toda clase de vejámenes sexuales luego de haberla obligado a ingerir licor.
A la madrugada siguiente la habrían llevado hasta su casa bajo la amenaza de hacerle daño si contaba lo sucedido.
Servidores del CTI, en un trabajo articulado con la Policía de Infancia de Pitalito, hicieron efectiva la orden de captura en contra de los presuntos agresores.
Una fiscal de infancia y adolescencia de la Seccional Huila les formuló imputación por los delitos de secuestro, acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales con menor de 14 años. Cargos que no aceptaron.
Esta información se publica por razones de interés general.
WAGG/LMFO/CFG/SC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
