El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional puso al descubierto la existencia de un grupo de empresas con sede en Antioquia y Valle del Cauca, que habrían lavado activos por más de 383.000 millones de pesos entre 2010 y 2021.
Del entramado criminal harían parte accionistas, representantes legales, contadores y revisores fiscales de, al menos, cinco compañías constituidas por personas que no tenían capacidad ni respaldo económico.
El material de prueba da cuenta de que la red delincuencial, al parecer, evadió los controles legales relacionados con la importación de mercancía. De esta manera, supuestamente, ingreso por los puertos de Buenaventura y Cartagena contenedores con textiles provenientes de India, Vietnam, Singapur, China, Hong Kong, Malasia, Tailandia, Italia, Panamá y Perú.
Por estos hechos, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías a 13 personas y les imputó los delitos de: concierto para delinquir, lavado de activos en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito en concurso homogéneo.
Los procesados son: Yanuba Blanco Rúa, Martha Cecilia Miranda Crespo, Carlos Eduardo González Guerrero, Rubén Darío Salazar Giraldo, Luis Faber Zuluaga Giraldo, Alexander Alzate Rodas, Gilberto Antonio Zuluaga Zuluaga, Juan Carlos Arroyave Suárez, Carlos Mario Álvarez Holguín, Freyder García Mejía, Victoria Eugenia Ramos Muñoz, Víctor Mario Duque Lozano y Víctor Manuel Amador López.
Esta información se publicar por razones de interés general.
MAGA/JARG/LPDS/MRC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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