Un juez con función de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida privativa de la libertad en centro de reclusión en contra de dos hombres que presuntamente son responsables de delitos sexuales en Neiva y San Agustín (Huila). Ninguno se allanó a cargos.
Uno de los casos ocurrió el pasado 3 de octubre en el barrio Cándido Leguizamo de Neiva, cuando Édgar Andrés Rivera Suaza habría entrado a la habitación de una mujer de 23 años y, presuntamente, la intimidó con un cuchillo propinándole tocamientos íntimos y obligándola a que la realizara lo mismo, mientras la amenazaba con matarla si no accedía.
El hoy judicializado, quien tiene una condena vigente por el delito de hurto, fue imputado como presunto responsable de acto sexual violento.
Por otros hechos registrados en San Agustín (Huila), fue judicializado Fernando Salamanca Cruz, quien el 30 de mayo del año en curso al parecer abusó sexualmente de una menor de 17 años cuando esta se encontraba transitando por una vía rural de ese municipio, rumbo a su residencia.
El imputado por la Fiscalía como posible autor del delito de acceso carnal violento, al parecer la tomó por la fuerza arrojándola a zona boscosa para cometer el ilícito y luego huir del lugar.
Las capturas por orden judicial estuvieron a cargo de CTI y, en un caso, en conjunto con Ejército Nacional. Rivera Suaza fue capturado en el barrio Cándido Leguízamo en la capital huilense, mientras que Salamanca Cruz en La Terminal de Transportes de Pitalito (Huila).
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LMGM/CFG/EAP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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