Labores de policía judicial, videos de cámaras de seguridad, cotejos balísticos y la información suministrada por testigos, fueron determinantes para la identificación.
La Fiscalía General de la Nación, logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de César Miguel Pérez Díaz, alias César Laguna, presuntamente responsable de la muerte de un funcionario de la Defensoría del Pueblo en Riohacha (La Guajira).
Los hechos se registraron el pasado 15 de marzo, cuando la víctima, Néstor Enrique Martínez Brito, de 49 años, se movilizaba en una motocicleta por un sector del barrio Ranchería de capital guajira, cuando fue interceptado por dos personas que lo obligaron a detenerse recibiendo dos disparos que le ocasionaron la muerte.
Labores de policía judicial, videos de cámaras de seguridad, cotejos balísticos y la información suministrada por testigos, fueron determinantes para la identificación del presunto agresor.
Por estos hechos la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado, cargos que fueron aceptados.
La captura del imputado estuvo a cargo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), como resultado de una diligencia de allanamiento adelantada el pasado 16 de marzo, donde fueron decomisadas un arma de fuego y una motocicleta.
De igual forma, se logró establecer, que esta persona registra una orden de captura vigente por un homicidio ocurrido en el mes de febrero en Riohacha.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/FAGH/DMNF/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.