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El procesado le habría exigido a la víctima 50 millones de pesos para permitirle transportar sus productos en las distintas zonas del puerto de Buenaventura.
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Otros comerciantes habrían sido víctimas de las exigencias económicas ilegales, para poder movilizar sus productos.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Héctor Mario Angulo Perea, alias Mario, presunto segundo cabecilla de la estructura criminal ‘Los Espartanos’. Esta persona está siendo investigada por el posible cobro de extorsiones a un contratista del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Buenaventura (Valle del Cauca).
Uno de los hechos investigados ocurrió el pasado 29 de enero en el sector de Pueblo Nuevo donde hombres armados habrían abordado a la víctima intimidándola con un arma de fuego.
Uno de ellos realizó una videollamada con alias Mario quien, a través de este medio, le habría exigido un millonario pago para permitirle movilizar un cargamento de huevos.
Una acción similar contra la misma víctima se presentó horas después. Hombres que se identificaron como integrantes de ‘Los Espartanos’ le exigieron el pago de 50 millones de pesos para permitirle distribuir alimentos en la zona y por brindarle seguridad.
Información en poder de la fiscalía evidencia que el grupo armado ilegal estarían reteniendo los camiones contratados por el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Por estos hechos la fiscalía imputó a Angulo Perea los delitos de secuestro simple y extorsión. Ninguno de los cargos fue aceptado.
JGPV/AMCJ/AIC/DSV/MAGA/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
