Con el apoyo de los analistas de la Sala de Control Telemático del Tolima, e investigadores del CTI de las seccionales Caldas y Cundinamarca, así como la Policía Nacional, se logró materializar la captura.
Daniel Felipe Portela Gómez, de 25 años fue detenido en una clínica de Chía, Cundinamarca, por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en cumplimiento a una orden judicial que pesaba en su contra, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.
El hombre quien era requerido por un juzgado de control de garantías de Ibagué, Tolima, se encontraba en el centro asistencial debido a que había sufrido una fractura, logrando los investigadores detenerlo cuando le dieron de alta.
Los hechos motivo de esta investigación ocurrieron el 9 de octubre del año 2023, cuando según actividades investigativas el hoy privado de la libertad participó en el brutal homicidio de Hernán David Ortiz Vargas, de 27 años, en la vía que conduce de Ibagué al municipio de Ambalema.
La víctima fue hallada con tres impactos por arma de fuego y decapitada, al parecer, con motosierra. Todo indica que los móviles del hecho estarían relacionados con la disputa por el control territorial para controlar el tráfico de estupefacientes.
Asimismo, se tiene información que da cuenta que Portela Gómez habría llevado a cabo el macabro hecho en complicidad con otra persona quedando todo registrado en un vídeo que se encuentra bajo custodia de las autoridades.
El hombre permanecerá en centro de reclusión mientras avanzan las respectivas investigaciones.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LYBT/AT/AMBV/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
