La víctima era prima del presunto asesino. El reporte de Medicina Legal indica que la mujer fue estrangulada.
La contundencia del material probatorio aportado por una fiscal de la Seccional Chocó, permitió que un juez con función de control de garantías de Quibdó enviara a prisión a Jhon Edward Muñoz Gallo, presuntamente responsable del feminicidio de una prima suya.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado el 22 de abril en el municipio de Carmen de Atrato (Chocó).
Testimonios y videos de cámaras de seguridad evidenciaron que la víctima y el presunto agresor; primos entre sí, habrían sostenido una discusión tiempo atrás durante una reunión familiar, en la cual el hombre la habría amenazado de muerte.
Al parecer, este tipo de acciones se habrían presentado en oportunidades pasadas, algunas en presencia de familiares y amigos. Versiones de testigos afirman que esa noche vieron a la mujer caminando y departiendo en un establecimiento comercial con el investigado.
Luego de esto se habrían dirigido, junto a otra persona, a la vereda La Sierra de Carmen de Atrato, donde vivía la joven. Al parecer, al llegar el procesado le habría dicho a la otra persona que los acompañaba que se fuera y lo amenazó.
Según la investigación, el imputado la habría arrastrado a un lote baldío donde fue golpeada y asfixiada. El cuerpo fue encontrado en el río Atrato, a la altura de la vereda La Mariela.
El dictamen emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señala que la mujer fue estrangulada.
La Fiscalía imputó al procesado el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JLH/MAGA/DJPR/JFAV/DSCH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
