Un hombre identificado como Andrés Fernando Muñoz López, de 26 años, fue judicializado y privado de la libertad, señalado como presunto implicado en tráfico de sustancias estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo y de defensa personal, en el municipio de Restrepo (Valle del Cauca).
Así lo solicitó la Fiscalía General de la Nación ante un juez de control de garantías, luego de que el hoy imputado fuera capturado en flagrancia, durante una diligencia de registro voluntario realizada por funcionarios de la Policía Nacional, en la vivienda donde residía, en el municipio en mención.
Según la Fiscalía, durante la diligencia judicial, se escucharon dos detonaciones de un arma de fuego y en el momento en que las autoridades ingresan al inmueble, al parecer, hallan a Muñoz López con dos armas traumáticas y más de 20 cartuchos. Asimismo, en uno de los cuartos hallaron 133,1 gramos de marihuana, 6 gramos de Tussi dosificada en 10 bolsas plásticas, entre otras sustancias para el procesamiento de estupefacientes.
La Fiscalía le imputó al capturado los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos; fabricación tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; así como tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos y tráfico fabricación y porte de estupefacientes.
Por decisión del juez el presunto implicado, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
